Tres ciudadanos heridos durante las protestas del 11 de diciembre de 2022 en el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca decidieron romper el silencio para denunciar las graves lesiones sufridas por disparos de perdigones de las fuerzas policiales, según confirmó su abogado César Quispe Calsin durante la diligencia judicial desarrollada por el Ministerio Público. Queremos justicia y cárcel para Dina Boluarte y sus allegados, señaló un familiar.
Los denunciantes fueron identificados como Iván Alex Calla Coaquira, quien perdió completamente la vista del ojo izquierdo tras recibir el impacto directo de un perdigón metálico; Juan Ccolla Ccama, quien presenta múltiples perdigones incrustados en diferentes partes del cuerpo; y Rony Rodríguez Sábado, quien conserva fragmentos metálicos en la mitad del cuerpo desde aquel fatídico día.
Las víctimas interpusieron denuncias formales contra la presidenta Dina Boluarte, ministros del gobierno, altos mandos de las fuerzas policiales y del ejército por la vulneración de sus derechos constitucionales durante los enfrentamientos ocurridos en los alrededores del terminal aéreo de la “Ciudad de los Vientos” el pasado 11 de diciembre de 2022.
El abogado César Quispe explicó que “todos los cartuchos de perdigones contienen alrededor de 400 fragmentos metálicos” y que las víctimas presentan entre siete y trece perdigones incrustados en sus cuerpos, evidenciando la magnitud de la agresión sufrida durante los disturbios que sacudieron la región altiplánica en ese período convulsionado.
La diligencia judicial desarrollada incluyó la participación del fiscal a cargo de la investigación, peritos especializados y las víctimas, quienes procedieron a realizar la escenificación de los hechos violentos en los puntos exactos donde ocurrieron los disparos para determinar las trayectorias balísticas y establecer responsabilidades penales correspondientes.
Los expertos forenses trabajaron en la reconstrucción de la “escena del crimen” para determinar científicamente desde qué posiciones dispararon los efectivos policiales, cómo impactaron los proyectiles en los cuerpos de las víctimas y establecer patrones balísticos que permitan identificar a los responsables directos de las agresiones registradas.
El representante legal confirmó que la investigación preparatoria ya fue formalizada oficialmente y se espera que concluya durante el presente año, para posteriormente presentar la acusación fiscal correspondiente y lograr que el caso ingrese a juicio oral durante 2026, buscando justicia para las víctimas de estos “delitos de lesa humanidad”.
César Quispe reveló que “muchas personas heridas no han denunciado por miedo” debido a las amenazas de procesamiento por terrorismo que enfrentaron los heridos hospitalizados el 9 de enero, situación que provocó que numerosas víctimas huyeran de los centros médicos para evitar detenciones arbitrarias por parte de las autoridades.
El abogado defensor hizo un llamado público para que otras víctimas de las protestas del 14 de diciembre, 6, 7 y 8 de enero “se empoderen y denuncien” las agresiones sufridas, recordando que estos constituyen delitos imprescriptibles y que pueden presentar denuncias en cualquier momento sin restricciones temporales establecidas.
La Asociación de Mártires y Víctimas ha desempeñado un papel fundamental en el empoderamiento de los afectados, brindándoles el respaldo necesario para superar el temor y proceder con las denuncias formales contra los responsables de la cadena de mando que ordenaron el uso desproporcionado de la fuerza durante las manifestaciones sociales.
