El Tribunal Constitucional del Perú declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32107, que limita la persecución de crímenes de lesa humanidad a hechos ocurridos después del 1 de julio de 2002, en una votación dividida de cuatro magistrados a favor y tres en contra. La decisión, emitida el 18 de noviembre de 2025, afecta directamente a las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000), donde se registraron casi 70,000 muertos y desaparecidos según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003).
La ley establece que los delitos cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en Perú prescribirán según el Código Penal nacional; además, prohíbe procesar, condenar o sancionar a nadie por crímenes de lesa humanidad o guerra si ocurrieron antes de esa fecha. La votación fue de cuatro magistrados a favor de la impunidad (Luz Pacheco, Francisco Morales, César Ochoa y Pedro Hernández) y tres en contra (Helder Domínguez, Gustavo Gutiérrez y Manuel Monteagudo).
La representante de las víctimas del caso La Cantuta, Gisela Ortiz, declaró que «esta ley es una burla a la memoria de nuestros seres queridos». Ortiz advirtió que la decisión podría llevar al archivo de procesos emblemáticos, como los de Barrios Altos y La Cantuta, donde se investigan ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado.
Casos emblemáticos en riesgo de prescripción
El conflicto armado interno en Perú dejó casi 70,000 víctimas entre muertos y desaparecidos, según la CVR. Casos como Barrios Altos (1991), donde quince personas fueron ejecutadas por el Grupo Colina, y La Cantuta (1992), donde nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados y asesinados, podrían quedar impunes. Ambos casos fueron juzgados y condenados en el marco de la legislación peruana e internacional, pero la Ley 32107 amenaza con revertir estos avances.
En 2001, Perú ratificó el Estatuto de Roma, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en 2003, al adherirse a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, el país formuló una reserva para que solo se aplicara a hechos posteriores a su entrada en vigor. Esta reserva fue ratificada por el TC en su reciente fallo, contradiciendo estándares internacionales.
La decisión del TC afecta a más de 200 procesos judiciales en curso por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH, 2025). Familias de víctimas, como las de las masacres de Accomarca (1985) y Putis (1984), temen que sus casos sean archivados sin justicia.
Reacciones y consecuencias inmediatas
La Ley 32107 se sustenta en los artículos 2 y 3, que establecen la entrada en vigor del Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad en Perú. El artículo 4 señala que los delitos cometidos antes de estas fechas prescriben según la legislación nacional, mientras que el artículo 5 prohíbe procesar a alguien por crímenes de lesa humanidad si los hechos ocurrieron antes del 1 de julio de 2002.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, expresó su preocupación: «Esta norma limita nuestra capacidad para investigar crímenes que no deberían prescribir». La CNDDHH advirtió que la decisión podría exponer al Estado peruano a nuevas condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Amnistía Internacional también criticó el fallo, señalando que «Perú incumple sus obligaciones internacionales».
Gisela Ortiz, hermana de una víctima del caso La Cantuta, declaró: «Después de tantos años de lucha, nos quieren arrebatar la esperanza de justicia». Las víctimas temen que la ley genere un efecto dominó, llevando al archivo de procesos contra militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos.
Comparación regional y desafíos futuros
La decisión del TC peruano contrasta con el enfoque de otros países de la región. En Argentina, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1976-1983) son imprescriptibles, y los responsables han sido juzgados décadas después. En Colombia, el acuerdo de paz con las FARC estableció un sistema de justicia transicional para investigar crímenes del conflicto armado.
Uno de los principales desafíos para Perú es equilibrar el respeto a los principios de legalidad con la obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos. La resistencia de sectores políticos y militares a la persecución de crímenes del conflicto armado interno podría dificultar la implementación de políticas de justicia transicional. Además, la decisión del TC podría afectar la cooperación internacional en materia de derechos humanos.
A corto y mediano plazo, organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas continuarán exigiendo al Estado peruano cumplir con sus obligaciones internacionales. La comunidad internacional, incluyendo la Corte IDH, podría intervenir si Perú no garantiza verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno.
