El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, explicó los alcances del conflicto competencial presentado por la presidenta Dina Boluarte para definir los límites de las investigaciones durante su mandato.
La demanda competencial busca establecer qué investigaciones se pueden realizar a un presidente en funciones. El caso marcará precedente para futuros mandatarios y definirá el alcance de las prerrogativas presidenciales en el sistema político peruano.
Gutiérrez Ticse señaló que históricamente existe «protección absoluta del jefe de Estado». El modelo constitucional responsabiliza penalmente a los ministros, aplicando el principio británico de que «el rey no peca».
El magistrado explicó que las nuevas circunstancias requieren analizar el derecho comparado. También considerarán la persecución de delitos de interés público antes de tomar una decisión definitiva sobre las prerrogativas presidenciales.
Diferencias entre casos Castillo y Boluarte
La resolución tendrá impacto general, pero con modulaciones específicas para cada caso. Pedro Castillo ya está fuera del cargo y las investigaciones se iniciaron durante su gestión presidencial.
Dina Boluarte permanece en funciones, ejerciendo la presidencia actualmente. La prerrogativa de inmunidad presidencial no perdona delitos, sino que suspende procesalmente las investigaciones hasta que termine el mandato.
La inmunidad presidencial funciona como «suspensión procesal» de investigaciones. Una vez que el mandatario deje el cargo, las carpetas fiscales formadas continúan sin limitaciones, según explicó el magistrado constitucional.
El objetivo es proteger el desempeño funcional del presidente. Como jefe de Estado y gobierno, debe estar completamente comprometido con las funciones que le encargó la nación peruana.
Plazos para resolución del conflicto competencial
El Tribunal Constitucional ya inició el debate y formación de sentencia sobre el caso. Gutiérrez Ticse estimó que la resolución podría publicarse en las próximas semanas, aunque evitó comprometerse con plazos específicos.
La decisión requerirá análisis amplio y prudente de todas las aristas del caso. Marcará un derrotero fundamental para el futuro del sistema político peruano y las investigaciones a jefes de Estado.
Paralelamente, el Tribunal analiza el recurso de hábeas corpus de Keiko Fujimori. Su defensa argumenta que no existía tipificación penal de lavado de activos en campañas electorales durante 2011 y 2016.
El magistrado explicó que ambos casos podrían influirse mutuamente. La resolución sobre Fujimori podría marcar pauta para casos similares, estableciendo precedentes sobre la legalidad de investigaciones retrospectivas en materia electoral.
Reformas necesarias al sistema de justicia
Gutiérrez Ticse advirtió sobre la alta carga procesal del Tribunal Constitucional. Perú tiene uno de los tribunales con menos miembros en América Latina, solo siete magistrados frente al promedio regional de nueve.
La reforma del sistema de justicia debe incluir ampliación a nueve magistrados. Esto permitiría formar tres salas y atender mejor la alta litigiosidad constitucional generada por la desconfianza ciudadana en el Poder Judicial.
El magistrado concluyó que estas decisiones definirán el equilibrio entre la función presidencial y la persecución de delitos de interés público. Las resoluciones del Tribunal Constitucional establecerán precedentes fundamentales para la democracia peruana y sus instituciones.
