Una comisión técnica designada por el Ministerio de Educación asumió el control de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez y otras cinco universidades en crisis. La medida, aprobada por ley, cesa a 1000 trabajadores y anula a las actuales autoridades, incluyendo al rector Félix Ochatoma, quien denunció que la norma «liquida» la institución. El objetivo oficial es garantizar que 12,000 estudiantes culminen sus estudios y obtengan sus títulos antes de 2026.
La comisión, integrada por un funcionario del Ministerio de Educación, dos docentes externos con 15 años de experiencia y un estudiante del tercio superior, no podrá iniciar nuevos licenciamientos. Según el abogado Walter Apaza Zela, la ley busca «sanear» las universidades, pero su aplicación revela un conflicto: la Andina ya tenía una licencia denegada y carece de un «ente promotor» para impulsar su reactivación. «La universidad sigue existiendo como persona jurídica, pero su servicio educativo está en riesgo», advirtió.
Ochatoma, exjuez y actual rector, argumentó que la ley «frustra las esperanzas» de licenciar carreras como Derecho y acusa que la medida responde a intereses políticos y económicos. Históricamente, la Andina ha enfrentado intentos de apropiación de su patrimonio, valorado en millones. «La fundación que la creó garantizaba que nadie se apropie de sus bienes, pero hoy está en el olvido», explicó Apaza.
La deuda laboral, según el análisis legal, no supera los montos esperados: los depósitos de compensación por tiempo de servicios (CTS) están al día. Sin embargo, 400 trabajadores administrativos y docentes podrían ser cesados sin liquidaciones millonarias. «La universidad no puede mantener una planilla de mil personas si no hay estudiantes nuevos», señaló Apaza, quien criticó los sueldos inflados y la falta de gestión transparente.
El conflicto legal escaló cuando Ochatoma se negó a acatar la ley, alegando que su mandato como rector es de cinco años. «¿Por qué aplicar una ley que me perjudica?», cuestionó. Apaza aclaró que la norma es obligatoria y que la comisión debe instalarse en cinco días. «No hay espacio para negociaciones: la ley es dura, pero es ley», sentenció.
Expertos advierten que, sin un nuevo licenciamiento, la Andina podría desaparecer como centro académico en 2026. «El patrimonio es millonario y hay intereses de por medio», denunció Apaza, quien mencionó a figuras como Luis Cáceres Velázquez y Javier Cáceres Pérez, vinculadas a intentos previos de apropiación. La falta de un ente promotor —requisito clave para el licenciamiento— profundiza la incertidumbre.
Mientras la comisión técnica asume el control, los estudiantes son los más afectados. «Solo garantizan que terminemos, pero ¿y el futuro de la universidad?», preguntó un alumno de Derecho. La ley, aunque excepcional, deja en claro que la prioridad es cerrar el ciclo actual, no salvar la institución. «Es un salvavidas para los títulos, no para la Andina», concluyó Apaza, quien instó a buscar soluciones legales para evitar su colapso definitivo.
