Los hermanos, Yony Ángel Laqui Vilca y Wilber Fermín Laqui Vilca, han obtenido el nombramiento como docentes en la Escuela Profesional de Agrícola de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, a pesar de que la normativa prohíbe el nombramiento de familiares directos en el sector público.
Según el artículo 1, inciso F, del Reglamento de Concurso Público de Cátedra 2024, está prohibido nombrar y contratar a personas con parentesco, respaldado por la ley N° 26771 y la ley N° 31299. Además, su padre, Fermín Laqui Ramos, ya es docente nombrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad.
Durante su inscripción al concurso, ambos hermanos firmaron el Anexo 16, una declaración jurada donde afirmaron no tener relación de consanguinidad ni afinidad con otros docentes de la universidad, sin embargo, se revela que Wilber Fermín ya era docente nombrado en la universidad desde hace años, mientras que Yony Ángel acaba de ser incorporado como parte de los 37 nuevos docentes nombrados con observación.
Esto generaría una posible infracción a la normativa al reglamento del concurso de catedra y a las leyes que regulan el empleo público, donde la normativa es clara: no pueden laborar en la misma institución familiares directos, como padres, hermanos o cónyuges, para evitar favoritismos
El caso no solo involucra a los hermanos Laqui Vilca, sino también a su padre, Fermín Laqui Ramos, quien ya ocupaba una plaza docente en la misma universidad en la Facultad de Ciencias Sociales.
Según especialistas en derecho administrativo, esta situación podría configurar un conflicto de interés y una violación a los principios de transparencia en los concursos públicos.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) podría investigar este caso, ya que el incumplimiento de estas normas puede acarrear la nulidad de los nombramientos y sanciones administrativas para los involucrados.
Además, la universidad podría enfrentar un proceso de fiscalización por parte de los órganos de control, como la Contraloría General de la República, si se confirma que no se aplicaron los filtros correspondientes durante el concurso.
Este no sería un caso aislado. Según fuentes internas de la universidad, existirían otras familias con varios miembros ocupando plazas docentes en diferentes facultades, lo que sugeriría un patrón de irregularidades en los procesos de contratación.
Abogados consultados señalaron que, de confirmarse estas irregularidades, los nombramientos podrían ser impugnados por cualquier ciudadano o entidad fiscalizadora. Además, los docentes involucrados podrían enfrentar procesos disciplinarios e incluso la pérdida de sus plazas, ya que la declaración jurada falsa es considerada un delito en el Código Penal.
