Los siete policías en actividad que fueron capturados por su presunta participación en un asalto a mano armada en una vivienda ubicada en la salida a Lampa, en Juliaca, provincia de San Román, continúan bajo las investigaciones. El general Juan Francisco Ninalaya Martínez, jefe de la región policial, confirmó la detención de los uniformados que ahora enfrentan graves acusaciones mientras continúan las indagaciones.
Las autoridades revelaron que entre los detenidos se encuentra un agente con antecedentes judiciales, quien actualmente enfrenta un proceso por tráfico de drogas bajo medida cautelar. Este descubrimiento agrava la situación del grupo policial y genera mayor preocupación en la ciudadanía sobre los filtros de control dentro de la institución encargada de velar por la seguridad.
Al ser consultado sobre los avances del caso, Ninalaya declaró: «Yo no puedo atreverme a decir que ya concluyeron las investigaciones, tenemos que completarlas para poder brindarles una mejor información, todavía no han concluido». Esta respuesta evidencia la complejidad del caso que involucra a miembros activos de la policía.
El escándalo ha motivado acciones inmediatas dentro de la institución, pues los siete efectivos ya fueron separados temporalmente de sus cargos mientras se desarrollan las pesquisas. Las medidas administrativas son apenas el primer paso en un proceso que podría terminar con la expulsión definitiva de los implicados si se confirma su responsabilidad en los hechos.
El general Ninalaya fue enfático al asegurar que «acá no se va a tapar nada, no se oculta nada», destacando que fueron los propios efectivos policiales quienes detuvieron a sus colegas implicados. Esta declaración busca disipar cualquier sospecha sobre un posible «espíritu de cuerpo» para proteger a los detenidos y reafirmar el compromiso institucional con la transparencia.
Los hechos han provocado la intervención de las autoridades regionales, pues el gobernador, quien preside el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), ha solicitado información detallada sobre los acontecimientos. La gravedad del caso ameritará una reunión extraordinaria para analizar la situación y tomar medidas que restauren la confianza ciudadana en las fuerzas del orden.
De igual manera, el alcalde de la provincia de San Román ha pedido una reunión de emergencia del CORESEC, argumentando el creciente problema de inseguridad en la provincia. El jefe policial aseguró mantener contacto directo con el Ministerio del Interior para informar sobre los avances del caso y se puso a disposición de las decisiones que tome el gobierno central. Las próximas etapas de la investigación definirán el destino de los efectivos involucrados.
