Una sentencia judicial favorable respaldó en octubre de 2023 la propiedad legítima de la Asociación de Vecinos Manto-Cancharani sobre 37.5 hectáreas en el sector sur de la ciudad de Puno, terrenos que fueron adquiridos al Obispado por 400 mil soles en abril de 2021, según confirmó Salvador Quispe Flores, representante de los 480 socios organizados.
Quispe Flores, dirigente de la asociación, denunció públicamente que aparentemente habría personas inescrupulosas que realizan ventas ilegales de lotes en predios que no les pertenecen, aprovechándose de la buena fe de potenciales compradores que desconocen la situación legal real de estos terrenos ubicados en Cancharani.
La jueza Martha Irene Aguilar Castillo del Segundo Juzgado Civil de Puno emitió el 19 de junio de 2025 una resolución que declaró infundada la prescripción adquisitiva alegada por los ocupantes y sus asociados, reconociendo oficialmente la propiedad de la Asociación de Vecinos Manto-Cancharani sobre la totalidad del predio.
La sentencia judicial estableció que cualquier transacción realizada por personas ajenas a la asociación legítima carece de validez legal, por lo que los dirigentes exhortan a la población puneña a verificar cuidadosamente la documentación antes de realizar compras de terrenos en esta zona sur de la ciudad.
“Nos habían denunciado por diferentes acciones, nos dijeron que nos habíamos coludido con el obispado de Puno”, declaró Salvador Quispe Flores explicando que enfrentaron acusaciones infundadas que fueron desestimadas completamente por el sistema judicial tras un proceso transparente.
El expediente 00750-2020 confirmó que la Asociación de Vecinos Manto-Cancharani adquirió legalmente el proyecto habitacional mediante escritura pública debidamente registrada, pagando el monto acordado en dos partidas al Obispado de Puno el 13 de abril de 2021, desvirtuando las acusaciones de irregularidades.
La resolución número 17 del proceso judicial declaró infundada en todos sus extremos la demanda de nulidad de escritura pública interpuesta contra la asociación y el Obispado, confirmando la legalidad de la transacción realizada hace cuatro años.
Los dirigentes vecinales advirtieron que continuarán vigilando cualquier actividad irregular en sus predios y tomarán las acciones legales correspondientes contra quienes persistan en realizar ventas fraudulentas, protegiendo así los derechos de sus 480 socios y la integridad del proyecto habitacional.
