Durante las protestas en Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, más de 50 personas perdieron la vida y 217 resultaron gravemente heridas. Mientras el gobierno minimiza estos daños, Raúl Samillan Sanga, presidente de la Asociación de Víctimas, denuncia la gravedad de las secuelas, “hemos sido masacrados, nuestros familiares viven con más de 100 perdigones, algunos con el cráneo destrozado, otros han quedado huérfanos, y aun así minimizan estos hechos”, señaló con frustración.
Según informes de Amnistía Internacional, las órdenes para reprimir las protestas vinieron de altos mandos. “Las investigaciones evidencian una masacre planificada”, afirma Samillan, quien busca justicia en instancias internacionales ante la falta de respuesta local.
En su turno, el abogado de derechos humanos, César Quispe Calsin, respalda estas denuncias, criticando al gobierno por no asumir responsabilidad. “El Estado ha destinado miles para defender a los responsables, mientras las víctimas son abandonadas”, señala Quispe, subrayando la impunidad.
Entre los casos más graves está Nelson, un joven de Puno con un tercio de su cráneo destruido. “Está postrado en cama, su actividad cerebral está gravemente afectada”, relata Samillan, ilustrando el sufrimiento continuo de las víctimas y sus familias.
Diego, otro afectado, vive con más de 100 perdigones en su cuerpo, incapaz de realizar actividades cotidianas. “El mínimo esfuerzo le causa un dolor insoportable“, explica Samillan, destacando la urgencia de atención médica que no reciben.
La asociación de víctimas reporta al menos 17 niños huérfanos en Puno, con cifras nacionales aún mayores. “Estos niños están en total abandono”, denuncia Samillan, quien busca apoyo internacional para atender sus necesidades básicas y legales.
El gobierno, sin embargo, sigue minimizando las denuncias. Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, afirma que no hay fundamento legal en las acusaciones. “Carecen de consecuencias legales”, declara, generando más indignación entre las víctimas.
Samillan y Quispe insisten en que la justicia debe prevalecer. “No vamos a permitir que estos crímenes queden impunes”, afirma Samillan, mientras Quispe añade: “La dignidad y la ética profesional están por encima de cualquier interés político”.
Mientras el gobierno continúa negando la gravedad de los hechos, las víctimas y sus familias luchan por justicia y reconocimiento. “No vamos a descansar hasta que se haga justicia”, concluye Samillan, reflejando la determinación de todos los afectados.
