A dos años de los sucesos del 9 de enero en Juliaca, el abogado César Quispe Calsín señala que aún no hay justicia para las víctimas. Las investigaciones presentan demoras y obstáculos, lo que genera gran preocupación entre los familiares y defensores.
Quispe Calsín, representante legal de las víctimas, indica que los responsables directos y la cadena de mando deberían estar en prisión preventiva. Sin embargo, la situación actual se asemeja a una “dictadura”, donde el Ministerio Público ha actuado con discrecionalidad y arbitrariedad.
La investigación ha enfrentado dificultades como el cambio constante de fiscales en Puno, hasta cinco veces, lo cual ha perjudicado el avance del proceso. Además, dentro del equipo especial que lleva las investigaciones también hay cambios de fiscales y adjuntos.
A pesar de los obstáculos, las familias y sus defensores han logrado acumular 54 tomos de pruebas en el primer año y más de 90 en el segundo. Un logro importante fue la confirmación de la causa de muerte por PAF (proyectil de arma de fuego), gracias al trabajo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras instituciones.
El equipo de defensa de las víctimas ha tenido que brindar apoyo logístico para las diligencias, debido a los recortes presupuestarios, lo que demuestra la falta de respaldo del Estado. Los abogados están luchando contra un sistema y un gobierno con todo el aparato logístico a su favor.
El abogado Quispe Calsín señala que el Perú vive un estado capturado por la oligarquía, donde los poderes fácticos controlan el sistema de justicia, y el gobierno actual es responsable de las muertes en el país. Este contexto dificulta la búsqueda de justicia para las víctimas.
El abogado informa que se ingresó una denuncia constitucional al Congreso contra Dina Boluarte por homicidio calificado, lesiones graves y leves. Esta denuncia se logró gracias al trabajo conjunto de la defensa, las familias y la organización nacional. Aunque inicialmente fue ignorada, recientemente se ha dado trámite en la subcomisión de acusaciones constitucionales.
Actualmente, las investigaciones se encuentran en la etapa preliminar, con varias carpetas formalizadas. La fiscalía ha solicitado una ampliación de plazo debido a la cantidad de agraviados y agentes estatales involucrados. Sin embargo, se espera que este año se pase a la segunda etapa del proceso.
Los abogados y las familias mantienen su compromiso de seguir luchando por la justicia. A pesar de los amedrentamientos, se encuentran respaldados por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, existe una fuerte organización de víctimas a nivel nacional.
