El poder político-militar ha ejercido históricamente un control represivo sobre varios países de América Latina, utilizando la violencia de forma contraria a su función protectora. Esta dinámica ha estado acompañada de discriminación, estigmatización y prejuicios que, durante décadas, han derivado en graves vulneraciones de derechos humanos por parte del Estado, según la abogada Cruz Silva del Carpio, del Instituto de Defensa Legal (IDL).
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, explicó que en las décadas de 1980 y 1990 se evidenció cómo militares y policías eran juzgados por tribunales militares, en procesos carentes de independencia y transparencia. Este sistema impedía que se investigaran adecuadamente las violaciones cometidas por agentes del Estado contra la población civil.
La abogada señaló que la dictadura de Alberto Fujimori contribuyó a institucionalizar la impunidad al bloquear las investigaciones y proteger a los responsables. Este contexto político limitó el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
La caída del régimen fujimorista permitió la reapertura de procesos judiciales. Un hito en este proceso fue la sentencia del caso Barrios Altos, que anuló los efectos jurídicos de las leyes de amnistía de los años 90. Esta decisión sentó un precedente regional al reafirmar que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
Obstáculos sistemáticos contra la justicia
Silva del Carpio recordó que el Perú, al adherirse voluntariamente al sistema interamericano de derechos humanos en los años 80, asumió el compromiso de garantizar investigaciones imparciales, sin importar la identidad de las víctimas o los responsables. Las violaciones a los derechos humanos, sostuvo, afectan no solo a personas concretas, sino a la dignidad humana en su conjunto.
A pesar de los avances, persisten obstáculos. Actualmente, se registran ataques contra las investigaciones independientes, como la negativa de algunos ministerios a proporcionar información, amenazas a testigos y manipulación de pruebas. Estas acciones buscan debilitar los procesos judiciales y proteger a los responsables.
La abogada también denunció la participación de magistrados corruptos que, en lugar de garantizar justicia, han obstaculizado el acceso de las víctimas al sistema judicial. Esta complicidad refuerza la impunidad y perpetúa el sufrimiento de quienes aún esperan verdad y reparación.
Silva del Carpio hizo un llamado a la sociedad y a las instituciones para defender la independencia judicial y el derecho de las víctimas a conocer la verdad. «Solo una justicia libre de presiones políticas puede garantizar que estos crímenes no se repitan», concluyó.
