El cuestionado vínculo familiar entre Ronald Loza Machicao y el director regional de salud de Puno, Freddy Velásquez Angles, quedó en evidencia durante la intervención fiscal en las instalaciones de la dirección regional de salud, donde Jaime Uriarte Velazco, encargado de recursos humanos, detalló sobre este parentesco que ha generado suspicacias en la investigación del caso de intoxicación masiva de escolares.
El funcionario detenido, presuntamente sobrino de la máxima autoridad sanitaria regional, enfrenta un proceso administrativo interno iniciado en marzo, paralelamente a la investigación fiscal que lo implica en el escándalo de alteración de pruebas microbiológicas.
“El tema del parentesco que puede existir, cosa que yo no podría afirmar porque no conozco”, mencionó Uriarte al ser cuestionado específicamente sobre si Loza Machicao es efectivamente sobrino del titular de la institución, aunque insistió en que el trabajo que realiza la Secretaría Técnica está siendo imparcial a pesar de los posibles vínculos familiares que podrían comprometer la objetividad de la investigación administrativa.
El representante de recursos humanos defendió la independencia del proceso disciplinario asegurando que “en un par de semanas ustedes también tomarán conocimiento de las acciones y de la sanción propiamente que se está emanando de la Dirección Regional de Salud”, en un aparente intento por disipar dudas sobre la posible interferencia del director regional en el proceso contra su presunto familiar.
Según la información recabada durante la intervención, Loza Machicao trabajaba inicialmente en el área de Salud Ambiental “por el perfil que tiene”, pero fue trasladado a la oficina de Seguros a finales de diciembre o inicios de enero, precisamente cuando empezaban a surgir las primeras investigaciones sobre el caso que posteriormente escalaría a nivel nacional, despertando sospechas sobre un posible movimiento estratégico para proteger al funcionario.
La Fiscalía intervino simultáneamente las oficinas de Salud Ambiental y Seguros, solicitando documentación sobre todas las personas que laboran en esas áreas, en lo que parece ser una investigación que no solo busca esclarecer la responsabilidad de Loza Machicao, sino también determinar si existió tráfico de influencias desde la dirección regional para favorecer o proteger al funcionario detenido.
Al ser consultado sobre los plazos del proceso administrativo, Uriarte estimó que en aproximadamente quince días se conocerían los resultados del procedimiento disciplinario, aunque reconoció que según la normativa vigente estos procesos pueden extenderse hasta por un año, generando dudas sobre si la relación familiar podría estar influyendo en la celeridad del caso.
El escándalo, que estalló en marzo de 2024 tras la intoxicación de 23 escolares en Cabana, provincia de San Román, adquirió mayor relevancia con reportajes de medios nacionales en octubre que evidenciaron irregularidades en la gestión de las conservas de pescado marca Don Simón distribuidas por el programa estatal Qali Warma, y ahora suma un nuevo componente al revelarse los posibles vínculos familiares entre el funcionario investigado y la máxima autoridad sanitaria regional.
