La violencia contra la mujer sigue siendo una problemática grave en el país, con cifras alarmantes que no disminuyen. La abogada Judith Enríquez Pacheco señala que, a pesar de los esfuerzos, los casos de violencia, especialmente contra niñas y adolescentes, persisten. Esta situación refleja un problema social profundo y la falta de medidas preventivas eficaces.
Según la abogada Enríquez, el 68% de los casos de violencia se registran en niñas y adolescentes, mientras que el 32% afecta a mujeres adultas. Estos datos evidencian que la población más vulnerable son las menores de edad. Además, se han reportado casos de violencia física, psicológica y sexual, lo que genera una gran preocupación. Esta violencia se ha normalizado en la sociedad peruana.
Enríquez destaca que la falta de acciones preventivas del Ministerio de la Mujer y otras instituciones es un factor clave en la persistencia de la violencia. Existe un desconocimiento sobre lo que constituye la violencia física o psicológica contra la mujer por parte de algunas autoridades, como la policía y la fiscalía. La abogada indica que no hay un plan concreto del gobierno para combatir este problema.
La abogada señala que no existe un trabajo articulado entre las instituciones encargadas de luchar contra la violencia, como el programa Aurora, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. También se debe trabajar en la prevención en las instituciones educativas, para concientizar a los jóvenes sobre sus derechos y la magnitud del problema. Además, en la currícula nacional se debería incluir el tema de derechos de los menores de manera concreta.
En cuanto a los feminicidios, se han registrado 133 casos hasta octubre de 2024, una cifra muy alta. Los casos se han dado en distintas regiones del país como Madre de Dios, Junín, Lima, Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca y Cuzco. Estos datos muestran que el plan del gobierno para prevenir la violencia no está generando resultados. La sociedad peruana tiene una cultura machista que discrimina a la mujer, lo que contribuye a esta problemática.
La abogada explica que la condición económica y la pobreza también son factores que contribuyen a que la violencia contra la mujer persista. En el ámbito rural, se necesita sensibilizar a las comunidades sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. En las comunidades campesinas existe autonomía en su forma de administrar justicia.
Enríquez menciona que las comunidades campesinas han sancionado casos de violencia contra la mujer con mayor efectividad que la justicia ordinaria. Las mujeres que denuncian violencia en la justicia ordinaria a veces no encuentran respuesta, mientras que en las comunidades las sanciones son más rápidas y tienen resultados. Esta situación se debe a las demoras del sistema judicial.
Finalmente, la abogada indica que las cifras de violencia no han mejorado significativamente desde 2019 hasta 2024. Es necesario un trabajo más sistemático, coordinado y sobre todo de concientización a la población, desde la educación inicial hasta la universidad. De lo contrario, las cifras seguirán siendo las mismas y la violencia persistirá.
