El exdirigente, Walter Aduviri Calisaya, reveló durante una entrevista que tras quince años de procesos judiciales solo le quedan dos alternativas: permanecer en la clandestinidad o quitarse la vida debido a una persecución política sistemática que ha destruido completamente su vida familiar y personal.
Aduviri explicó que aunque uno de sus procesos judiciales denominado “Aymarazo II” relacionado con la frontera sur de Puno fue archivado el pasado 6 de junio tras ganar en todas las instancias, el caso “Aymarazo I” en la provincia de Puno continúa vigente manteniéndolo en situación de prófugo desde hace 19 meses.
El exmandatario regional denunció que debe pagar una reparación civil de 2 millones de soles, monto que califica como “imposible” de cubrir, especialmente cuando comunidades afectadas ya pagaron 85 mil soles sin que el juzgado considere relevante dicho aporte para reducir la deuda impuesta en su contra.
“Cumplí mi pena, mi sanción penal se terminó el 26 de agosto de 2023, pero me encuentro como secuestrado por el Estado peruano”, declaró Aduviri, quien considera que el sistema judicial peruano busca aniquilar a los luchadores sociales mediante sentencias basadas únicamente en pruebas de indicios sin evidencias concretas.
El dirigente social comparó su situación con la del ex presidente Alberto Fujimori, señalando que este último nunca fue obligado a pagar reparaciones civiles millonarias ni sufrió embargos de bienes, evidenciando un tratamiento diferenciado y discriminatorio por parte del sistema de justicia peruano hacia los líderes de pueblos originarios.
“Mi familia está destrozada”
Aduviri, reveló el impacto devastador en su núcleo familiar, especialmente en sus dos hijos menores quienes “prácticamente toda su vida” han vivido con un padre perseguido, sin poder disfrutar de derechos básicos como acompañarlos a la escuela, brindarles seguridad o simplemente compartir momentos cotidianos de la paternidad.
“Mis hijos han tenido que entrar a la cárcel para visitarme, nunca debieron conocer ese lugar”, expresó con evidente dolor el exgobernador, quien considera que el Estado peruano logró su objetivo de destruir completamente una familia mediante una persecución judicial que califica de criminal y selectiva.
Venganza política con grandes intereses:
El exdirigente atribuye esta persecución a intereses económicos transnacionales, específicamente de la empresa canadiense Bear Creek Mining Company vinculada al banco JP Morgan, cuyos proyectos mineros fueron afectados durante las protestas del Aymarazo, identificando al fallecido ex presidente Alan García como principal responsable de los decretos que vulneraron derechos de comunidades originarias.
Aduviri denunció que esta persecución no solo lo afecta a él sino a diversos dirigentes sociales del país, mencionando casos similares en el Valle del Tambo en Arequipa, Cajamarca con Gregorio Santos y la reciente represión en Juliaca durante 2023, evidenciando un patrón sistemático de criminalización de la protesta social.
“En el Perú se premia a quien mata, asesina y quita la vida, pero a quienes reclaman derechos se les persigue, destroza, encarcela y aniquila de por vida”, sentenció el ex mandatario regional, criticando que mientras se otorgan amnistías a represores, los luchadores sociales enfrentan persecución hasta la muerte.
La vida política de Aduviri
Respecto a sus aspiraciones políticas futuras, Aduviri manifestó que su prioridad absoluta es recuperar su libertad para poder estar junto a sus hijos, señalando que sin libertad no puede hacer nada, incluyendo cualquier participación en escenarios políticos que eventualmente puedan presentarse en el futuro.
Ratificando que en la actualidad él no puede participar de la vida política por las mismas leyes aprobadas desde el congreso de la República, por lo cual continuará en el ámbito político desde otros sectores “soy un hombre político y eso nadie va a quitármelo” dijo Aduviri.
El exgobernador concluyó reafirmando su decisión de continuar “luchando desde su trinchera” en busca de justicia, manteniéndose en la clandestinidad contra su voluntad al no existir alternativas viables, mientras denuncia vivir bajo un sistema judicial que utiliza como instrumento de persecución política a favor de poderes económicos y políticos dominantes.
