Un menor de 13 años con discapacidad mental severa podría ser trasladado en las próximas horas a la ciudad de Lima después de sufrir una agresión sexual en los servicios higiénicos de la Institución Educativa Secundaria José Carlos Marestegui, ubicada en el distrito de Copani, provincia de Yunguyo. La víctima, que actualmente se encuentra internada en el hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, requiere atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el ataque.
El caso ha revelado una serie de circunstancias dramáticas que agudizan la vulnerabilidad del menor, quien es huérfano y vive bajo el cuidado de su abuela paterna desde que su padre falleciera hace aproximadamente diez años. La situación se torna más compleja al conocerse que el menor presenta un severo cuadro de retardo mental, condición que lo hace aún más susceptible a potenciales abusos y que dificulta significativamente su proceso de recuperación y tratamiento.
La institución educativa donde ocurrieron los hechos ha sido duramente cuestionada por su presunta negligencia y posterior intento de encubrimiento, ya que, según testimonios, acusan a la familia del menor de generar una mala imagen a la institución educativa, revictimizándolo y obstaculizando el proceso de justicia. Esta actitud institucional ha generado una profunda indignación entre la comunidad y las organizaciones de protección infantil que han tomado conocimiento del caso.
Las autoridades del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno vienen realizando una exhaustiva evaluación médica para determinar la pertinencia del traslado del menor a Lima, donde podría recibir un tratamiento más especializado. Los facultativos consideran que la complejidad de las lesiones y la condición de discapacidad del niño requieren una intervención integral que garantice su recuperación física y emocional.
Un equipo multidisciplinario conformado por representantes de la Defensoría del Pueblo, fiscales especializados en delitos contra menores y profesionales de salud se encuentran coordinando los detalles del traslado y el acompañamiento legal y médico que recibirá la víctima. La gravedad del caso ha generado una movilización inmediata de las instituciones encargadas de proteger los derechos de los niños y adolescentes.
La abuela del menor, principal sostén familiar, ha manifestado su determinación de buscar justicia y exigir que los responsables del abuso sean sancionados conforme a ley. Su testimonio revela el dolor y la impotencia de una familia que ha sido golpeada por la violencia y la desprotección, evidenciando las profundas fracturas existentes en los sistemas de protección infantil en zonas rurales y vulnerables.
Las próximas horas serán cruciales para definir el futuro inmediato del menor, cuya vida ha sido dramáticamente interrumpida por un acto de violencia sexual. La sociedad aguarda con expectativa las acciones que tomarán las autoridades para garantizar la recuperación integral de la víctima y sancionar ejemplarmente a los responsables de este aberrante delito.
