El magistrado César Augusto Pineda Fernández, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de San Román, ha dictado 9 meses de prisión preventiva contra 7 policías implicados en un robo agravado de una vivienda en la salida hacia Lampa de Juliaca. La medida también incluye la captura del propietario de la camioneta utilizada en el robo, quien será internado en el penal que determine el INPE.
La decisión se basa en la gravedad del delito y la magnitud del daño causado, considerando que los policías, aprovechando su condición, habrían cometido el robo durante su horario laboral, utilizando información obtenida en su función. Este hecho no solo afecta a las víctimas directas, sino que también incrementa la inseguridad ciudadana en Juliaca, donde la delincuencia está en alza.
La fiscalía presentó elementos de convicción que vinculan a los imputados con el delito de robo agravado. Entre las pruebas se encuentran actas de intervención policial, registros de asistencia y armamento, y declaraciones de testigos. La defensa, aunque negó la participación de sus patrocinados, no pudo desvirtuar los elementos presentados. El juez consideró que la prisión preventiva es idónea, necesaria y proporcional. La gravedad de la pena esperada, que podría superar los 15 años, y el peligro de fuga de los imputados justifican la medida. Además, la libertad de los acusados podría obstaculizar la investigación y poner en riesgo la seguridad ciudadana.
Una de las pruebas determinantes fue el informe pericial de inspección criminalística, que reveló la presencia de cinco casquillos percutados en el lugar del robo. Estos casquillos fueron sometidos a pruebas balísticas, las cuales determinaron que las armas utilizadas habían sido disparadas recientemente. Este hallazgo vincula directamente a los policías implicados, ya que sus armas de servicio dieron positivo en las pruebas de uso reciente de armas de fuego.
Además, la fiscalía presentó el acta de deslacrado, visualización y transcripción del contenido de documentos y cuadernos de la base policial. Estos documentos revelaron inconsistencias en los registros de asistencia y movimiento de los imputados. Por ejemplo, algunos policías registraron su ingreso a la base a una hora, pero no hay registros de su salida o movimientos posteriores, lo que sugiere que pudieron haber estado ausentes durante el tiempo del robo agravado.
La declaración de Brisaida Sonco Chipile, hija de la víctima, fue crucial para la investigación. Ella relató cómo, al regresar a su casa, encontró la puerta semiabierta y escuchó ruidos en el interior. Al intentar cerrar la puerta, vio a varias personas desconocidas dentro de la vivienda. Momentos después, una camioneta de color plomo, propiedad de Edson Avendaño Palomino, llegó al lugar. Un hombre armado descendió del vehículo, lo que obligó a Brisaida a huir a la casa de un vecino.
La visualización de videos de seguridad y la toma de vistas fotográficas también fueron pruebas clave. Estas imágenes mostraron a los asaltantes ingresando y saliendo de la vivienda, así como la camioneta utilizada en el robo agravado. La fiscalía logró identificar a los policías implicados a través de estas grabaciones, corroborando las declaraciones de los testigos y las inconsistencias en los registros de la base policial.
La fiscalía también presentó el acta de incautación y lacrado del cuaderno de registro de asistencia de personal del PNP. Este documento mostró que algunos de los imputados no registraron su salida de la base policial, lo que sugiere que pudieron haber estado ausentes durante el tiempo del robo. Además, el acta de registro personal de los imputados reveló que sus armas de servicio habían sido utilizadas recientemente, lo que coincide con las pruebas balísticas.
El acta de entrevista policial con Brisaida Sonko Chipile y la declaración de su madre, Dioselina Chipile Choquehuanca, también fueron presentadas como pruebas. Ambas declaraciones coinciden en los detalles del robo y la presencia de la camioneta de Edson Avendaño Palomino. La fiscalía utilizó estas declaraciones para corroborar las pruebas visuales y documentales presentadas.
La defensa de los imputados argumentó que sus patrocinados no participaron en el delito y presentó videos que, según ellos, demostraban su presencia en la base policial durante el tiempo del robo. Sin embargo, el juzgado consideró que estos videos no eran suficientes para desvirtuar las pruebas presentadas por la fiscalía. El juez Pineda Fernández indicó que los videos deben ser sometidos a una pericia para determinar su autenticidad y relevancia.
La resolución del juez Pineda Fernández ordena la prisión preventiva de los imputados Michael James Ventura Javier, Luis Antonio Chucos Salvador, Arnold Diego Quispe Rivas, John Yerson Mancilla Quispe, Víctor José Liñán Esquerre, Jaider Lee Tacca Chambi y Israel Josué Díaz del Olmo. También se dispone la captura de Edson Avendaño Palomino, propietario de la camioneta utilizada en el robo. La medida busca garantizar la presencia de los acusados durante la investigación y evitar que obstaculicen el proceso judicial.
La defensa de los imputados ha manifestado su total desacuerdo con la resolución y ha interpuesto un recurso de apelación. Argumentan que sus patrocinados no participaron en el delito y que existen videos que demuestran su inocencia. Sin embargo, el juzgado ha declarado improcedente la visualización de estos videos en esta etapa del proceso, indicando que deben ser presentados en la etapa correspondiente con las formalidades de ley.
El juez Pineda Fernández ha ordenado que los imputados sean recluidos en el centro penitenciario que designe el INPE hasta el 22 de enero de 2026. La medida busca garantizar la presencia de los acusados durante la investigación y evitar que obstaculicen el proceso judicial. La resolución del juzgado ha sido comunicada a las autoridades correspondientes para su cumplimiento. La fiscalía y la defensa continúan con sus diligencias, mientras la población de Juliaca espera que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.
La decisión del juez Pineda Fernández envía un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la corrupción y el abuso de poder dentro de las fuerzas policiales. La prisión preventiva busca no solo castigar a los responsables, sino también restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de su seguridad. La población de Juliaca espera que este caso sirva como un precedente para futuras investigaciones y que se tomen medidas para prevenir este tipo de delitos.
