Un operativo conjunto entre autoridades municipales y reguladoras ha dejado al descubierto alarmantes condiciones en establecimientos que venden gas doméstico en Puno. Fiscalizadores de la Subgerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres, junto con personal de Actividades Económicas de la comuna puneña y Osinergmin, descubrieron múltiples infracciones que ponen en riesgo la seguridad pública durante una exhaustiva inspección a comercios de GLP.
Las deficiencias halladas van mucho más allá de la documentación, abarcando infracciones graves a normas básicas de prevención y seguridad. Entre los problemas más preocupantes destacan la ausencia de extintores funcionales, señalización inadecuada o inexistente en zonas de riesgo, falta de sistemas de iluminación de emergencia que resultarían críticos durante evacuaciones y una ventilación insuficiente para espacios donde se almacenan productos altamente inflamables.
La carencia de certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) figuró entre las principales irregularidades detectadas en varios locales intervenidos. Este documento, lejos de ser un simple trámite burocrático, constituye un requisito fundamental para garantizar que las instalaciones cumplan con estándares mínimos que protejan tanto a clientes como a trabajadores.
La fiscalización también reveló condiciones eléctricas peligrosas, con cableado expuesto que podría generar cortocircuitos o incendios en locales que almacenan material explosivo. Ante estas circunstancias, los representantes municipales procedieron al levantamiento de actas de infracción que derivaron en clausuras temporales para los establecimientos con las faltas más graves.
Mientras las autoridades municipales se enfocaron en aspectos de seguridad física y prevención, Osinergmin concentró su evaluación en la regulación económica y operativa del sector. Los especialistas del organismo regulador verificaron minuciosamente que los precios de venta se mantuvieran dentro de los márgenes autorizados para evitar especulación o cobros excesivos a los consumidores.
Los establecimientos clausurados deberán subsanar todas las observaciones realizadas antes de reanudar operaciones. Esta medida, aunque drástica, busca prevenir accidentes potencialmente catastróficos en zonas urbanas densamente pobladas, donde un incidente con gas licuado podría tener consecuencias devastadoras para toda la comunidad si no se mantienen los protocolos adecuados de almacenamiento y distribución.
