Las comunidades campesinas del país podrían quedar excluidas nuevamente de los beneficios económicos del canon hídrico, tal como ocurre actualmente con el canon minero que nunca llega a estos territorios donde nacen las fuentes de agua.
Pablo Salas Charca, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería e Hidrocarburos, explicó que la ley 31720 modificó la normativa sobre recursos hídricos, pero aún no se aplica.
El gobierno central mantiene el 50 por ciento de las ganancias generadas por megapresas como Olmos y Majes, mientras el restante 50 por ciento se divide entre distritos y centros poblados en partes iguales.
Esta distribución significa que cada sector recibirá apenas 25 soles de cada 100 soles recaudados, una cantidad que Salas considera insuficiente para las necesidades de desarrollo de las poblaciones afectadas.
La falta de reglamentación impide que entre en funcionamiento esta normativa que busca redistribuir las rentas generadas por el aprovechamiento del recurso hídrico en diferentes actividades económicas del territorio nacional.
Salas recordó que el canon minero desaparece en las administraciones locales sin generar obras sostenibles en territorios de influencia directa donde operan las empresas extractivas que aprovechan los recursos naturales.
El próximo 13 de septiembre se realizará la segunda cumbre del agua en Condoroma, donde participarán alcaldes distritales y presidentes de comunidades campesinas de Cusco, Arequipa, Puno y Moquegua.
En este encuentro, las organizaciones campesinas plantearán que el canon hídrico se distribuya directamente a las comunidades donde se ubican las fuentes de agua y los territorios afectados.
