El defensor legal de heridos y deudos de las víctimas de las protestas del 9 de enero en Juliaca, César Quispe Calsín, responsabiliza a la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por obstaculizar el acceso a la justicia en el caso de los asesinatos ocurridos durante las manifestaciones contra el régimen de Boluarte.
Quispe Calsín señala que, desde el principio, las investigaciones fueron dificultadas por la Fiscalía Anticorrupción, insinuando que los fallecidos eran terroristas. A pesar de presiones, el caso pasó a la Fiscalía Penal y luego a la de Derechos Humanos, pero aún no se ha tenido acceso a las carpetas fiscales, evidenciando una justicia parcializada y condicionada a ciertos intereses.
A pesar de contar ahora con una fiscalía especial, esta fue trasladada a Lima por orden de Benavides, lo que consideran una estrategia dilatoria para entorpecer el proceso. Han transcurrido 13 meses sin avances significativos, sin realizar diligencias clave como las pruebas para identificar a los responsables de los disparos. Ante esta situación, se prevé una denuncia contra la Fiscal de la Nación por obstrucción a la justicia.
Los abogados esperan que el nuevo fiscal asignado acelere la investigación para determinar todas las responsabilidades antes de que prescriban los plazos, sentando un precedente contra la impunidad en crímenes de lesa humanidad.
