César Quispe Calsín, abogado de las familias víctimas en las protestas de 2022 y 2023 contra Dina Boluarte, ha denunciado los intentos de impunidad por parte de quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos. Quispe señala que estos actores han buscado quedar impunes desde el inicio, cambiando fiscales en múltiples ocasiones.
El abogado identifica tres momentos clave en el proceso judicial: la época de Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza. Durante el período de Benavides, los fiscales fueron cambiados cinco veces, lo que Quispe califica como “terrible”. Bajo la gestión de Villena, hubo un avance significativo gracias a su compromiso.
Actualmente, con Delia Espinoza como fiscal de la Nación, se ha producido un sexto cambio de fiscal, ordenado por la Junta Nacional de Justicia, cuyos miembros fueron designados por el Congreso. Quispe advierte que estos cambios retrasan las investigaciones y perjudican el conocimiento de los casos.
“Cuando hay un cambio de fiscales, este tiene que ubicarse, tiene que estudiar, tiene que tener de nuevo una persona, en este caso un nuevo fiscal, su teoría del caso, ubicarse en tiempo y espacio”, explica Quispe. Estos retrasos afectan gravemente el avance de las investigaciones, que deben concluir este año.
Quispe exige que no haya más cambios de fiscales, ya que la investigación preparatoria se vence en 2025. “Este año se termina la investigación preparatoria. Tenemos que construir una acusación sólida en contra de los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y luego pasar a una segunda etapa y llegar a juicio oral”, afirma.
Ya se han citado a declarar a los jefes policiales y militares involucrados. En Juliaca, 19 efectivos, 16 de la policía y 3 del ejército, han sido identificados y citados. Se está trabajando en la ampliación de sus declaraciones y se ha recopilado abundante información.
Los cambios de fiscales atrasan el proceso, pero Quispe y la Asociación de Mártires y Víctimas continúan impulsando el trabajo. En varias regiones, la investigación preparatoria ya ha sido formalizada, identificando autores directos y la cadena de mando por delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves.
Quispe atribuye estos cambios a una estrategia para dilatar el tiempo y buscar impunidad. “El Congreso de la República ha puesto a sus alfiles en la Junta Nacional de Justicia, y esta nombra jueces y fiscales”, denuncia. El último cambio de fiscales es obra de la Junta Nacional de Justicia.
El Código Procesal Penal permite ampliar el plazo de la investigación preparatoria hasta septiembre de 2025. Luego, se deben presentar acusaciones formales contra los perpetradores. Quispe destaca que, a diferencia del antiguo código, este proceso tiene plazos definidos y no se extenderá indefinidamente.
La investigación preparatoria está en su último tramo, ampliada hasta septiembre. “En septiembre se debe producir la acusación en contra de los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos”, insiste Quispe. También se investiga a altos funcionarios como Dina Boluarte y Otárola, con una denuncia constitucional presentada al Congreso.
