César Quispe Calsín, abogado de las víctimas y familiares del 9 de enero de 2023 en Juliaca, ha informado sobre los significativos avances, pero también sobre los grandes obstáculos que enfrentan en la búsqueda de justicia por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas. A pesar de las pruebas existentes, los responsables de las masacres aún no han sido sancionados, lo que refleja una preocupante situación en el país.
Según el abogado, los hechos ocurridos en el país desde el 7 de diciembre de 2022 han sido calificados como masacres por organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas organizaciones señalan el uso de armas de guerra y perdigones de metal contra la población, dejando a muchas personas heridas y con secuelas permanentes.
Quispe Calsín menciona que, a pesar de los obstáculos, el equipo legal ha logrado reunir más de 90 tomos de pruebas en el caso de Juliaca, un gran avance que esperan sirva de base para la acusación fiscal y el inicio del juicio oral a finales de este año o el próximo. El abogado destaca que se ha identificado a 19 personas como responsables en Juliaca y a 24 efectivos policiales en Macusani, por delitos como homicidio calificado, lesiones graves y leves.
El abogado señala que la investigación ha enfrentado constantes cambios de fiscales, incluso hasta cinco veces durante la gestión de Patricia Benavides, y que actualmente existe el peligro de que esto vuelva a suceder. A pesar de ello, el equipo legal se mantiene firme en su labor y espera una pronta reunión con la nueva fiscal de la nación para conocer su postura en relación a los casos de violaciones de derechos humanos.
Quispe Calsín informó que a nivel nacional existen 72 carpetas abiertas contra los responsables de estas graves violaciones, de las cuales 32 ya se encuentran en la etapa de investigación preparatoria. En la región de Puno, existen más de 20 carpetas abiertas, con 9 ya formalizadas en la etapa de investigación preparatoria. Esto significa que ya hay personas identificadas como responsables, tanto en la cadena de mando como autores directos.
El abogado también dio a conocer que algunos de los policías investigados han sido ascendidos y premiados por el gobierno, incluso uno de los 19 investigados en Puno tiene ahora el control de las comunicaciones en el más alto rango de la Policía Nacional. Estas acciones, junto con la entrega de bonos a quienes cometieron las violaciones de derechos humanos, son señales de que el gobierno está protegiendo a los perpetradores.
Quispe Calsín destaca que, por primera vez en la historia del país, los familiares de las víctimas están organizados a nivel nacional, y existe una estrecha colaboración entre los abogados de las diferentes regiones. Esta unidad ha permitido un intercambio de experiencias y estrategias, evidenciando que los obstáculos y la impunidad son una realidad en todo el país.
Finalmente, el abogado resaltó que la estrategia legal en el caso de Juliaca se enfocó en la obtención de pruebas clave, como los protocolos de necropsia, que fueron fundamentales para determinar la causa de muerte de las víctimas. A pesar de los intentos de ocultar información y obstaculizar el acceso a las carpetas de investigación, el equipo legal ha logrado avanzar gracias a la presión de organismos de derechos humanos y a la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos en Puno.
