El Congreso aprobó leyes que favorecen a la delincuencia mientras la inseguridad ciudadana se dispara en todo el país, el abogado Iván Trujillo Hilasaca señaló que estas normas deben ser derogadas en un 90% para recuperar el control frente al crimen organizado que ya se les salió de las manos al gobierno actual.
El jurista manifestó que una de las decisiones más graves fue devolver la investigación preliminar a la policía cuando los agentes no tienen capacitación especializada ni logística suficiente, los efectivos no saben por dónde empezar cuando toman una declaración y muchos están cuestionados por hechos de corrupción que tuercen las indagaciones desde el inicio.
«Un policía no está con la suficiente capacidad para poder conducir la investigación, ahí es donde ya empieza a torcerse la investigación», expresó Trujillo Hilasaca al referirse a las deficiencias estructurales que enfrenta la Policía Nacional para asumir funciones que antes correspondían al Ministerio Público en casos complejos.
El abogado explicó que el parlamento modificó la ley de crimen organizado al punto de que ahora los fiscales necesitan estándares altos para investigar, la norma exige que las organizaciones criminales sean jerárquicamente estructuradas y permanentes en el tiempo cuando las bandas delictivas operan convocando criminales para dar un golpe.
Trujillo Hilasaca recordó el caso de Los Injertos que reunían delincuentes de Juliaca, Arequipa, Cusco y Lima para ejecutar sus asaltos y luego se desarticulaban, estas modalidades ya no pueden ser procesadas como crimen organizado porque el Congreso quiere que funcionen como empresas privadas perpetuas dedicadas exclusivamente a realizar crímenes.
El jurista mencionó que en noviembre del año pasado se abolió la detención preliminar en casos de no flagrancia a iniciativa del congresista Waldemar Cerrón, el Ministerio Público estuvo sin esta herramienta hasta febrero o marzo de este año cuando la medida fue restituida por lo escandaloso de la situación.
«El año pasado a iniciativa de este señor Cerrón se abolió la detención preliminar en casos de no flagrancia, era tan escandaloso el tema que lo tuvieron que restituir», señaló Trujillo Hilasaca sobre la polémica norma que fue promulgada por el Ejecutivo y dejó inerme al sistema de justicia.
El abogado indicó que existe un conflicto de intereses flagrante porque más de la mitad de congresistas enfrentan investigaciones por corrupción u otros delitos, el parlamento aprobó que los partidos políticos ya no puedan responder penalmente ni ser investigados cuando casos como Fuerza Popular, Podemos y Perú Libre tienen procesos abiertos.
Trujillo Hilasaca afirmó que los congresistas se legislan a sí mismos para beneficiarse cuando aprueban normas que también favorecen a las grandes mafias y organizaciones criminales, el Tribunal Constitucional y el mismo Congreso retrocedieron en la ley de extinción de dominio que permitía quitarles bienes a los delincuentes.
El jurista señaló que los índices de criminalidad organizada y delitos comunes crecieron de manera exponencial desde que Dina Boluarte asumió el gobierno, la inseguridad ya se convirtió en el primer problema del país por encima de los temas sociales, económicos y la falta de trabajo que afectan a los peruanos.
Trujillo Hilasaca recordó que hace una semana encontraron dos personas calcinadas en la salida a Coata de Juliaca como producto de la inseguridad, este tipo de hechos violentos antes no se veían en la ciudad, pero ahora se repiten por la falta de control del Estado frente al avance delincuencial.
El abogado manifestó que este gobierno y este Congreso deben irse de una vez por todas para que lleguen autoridades que puedan derogar el 90% de la normativa pro-crimen, solicitó que se restablezca la legislación anterior que sí permitía luchar efectivamente contra la criminalidad que ahora está incontrolable.
