El alcalde de la Municipalidad Distrital de San Gabán, provincia de Carabaya, Antonio Escobar Leonardo, lidera una protesta en la región Puno exigiendo la culminación del Centro de Salud 1-4, mientras el procurador regional lo demanda judicialmente; la autoridad reclama atención médica digna para su pueblo.
Desde tempranas horas, la sociedad civil se unió en marcha junto al alcalde, denunciando el incumplimiento del gobernador regional en materia de infraestructura sanitaria. Los manifestantes vienen exigiendo avances reales en la ejecución del proyecto paralizado.
El centro de salud permanece inconcluso desde el año 2020, pese a los múltiples requerimientos municipales. La población de San Gabán, ubicada a más de seiscientos metros sobre el nivel del mar, demanda atención médica urgente.
Proyecto sanitario paralizado por burocracia
El gobierno regional resolvió dos veces el contrato con la empresa consultora, lo que frenó totalmente el expediente técnico. El alcalde afirmó que la ruptura contractual responde a negligencia administrativa del gobierno regional.
Según explicó la autoridad local, el Poder Judicial ordenó el pago del quinto entregable a la consultora, pero el desembolso sigue detenido por trámites internos. “Nos cansamos de esperar respuestas”, expresó firmemente el alcalde durante la manifestación.
El proyecto sanitario debía fortalecer el sistema de salud de la selva puneña. Sin embargo, la falta de gestión y el exceso de trámites mantienen en abandono a cientos de familias que esperan atención médica básica.
Querella judicial y conflicto territorial
Mientras exige soluciones, el procurador regional presentó una querella por usurpación agravada contra el alcalde, generando un nuevo conflicto político en medio de la crisis sanitaria.
El proceso surge por una disputa sobre la expansión urbana del distrito de San Gabán, donde la Dirección Regional Agraria desconoce una ordenanza municipal aprobada por el concejo.
El alcalde denuncia que esta dirección favorece a pequeñas asociaciones agropecuarias en perjuicio de la población urbana. Pese a la querella, asegura que continuará defendiendo la salud y el desarrollo de su distrito.
