El economista Pablo Secada advierte que los actos de corrupción en los gobiernos regionales y locales afectan directamente la economía familiar, que ya ha sido afectada por la inflación.
Según una encuesta nacional de hogares, el 53% de los ingresos de una familia promedio se destina a la alimentación, y el resto se utiliza para gastos diarios, pagos de créditos y otros gastos.
Después de la pandemia, el porcentaje de trabajos informales en el país ha aumentado al 95%, y se espera una inflación del 4,3% al 5,7% este año, según una encuesta realizada por el Banco Central de Reserva del Perú.
Todo esto dificulta aún más la economía de la población, especialmente cuando las autoridades carecen de formación política y experiencia en gestión de recursos, lo que contribuye a la persistencia de la corrupción en el poder.
