La congresista Norma Yarrow presentó ante la Comisión de Fiscalización una revelación sobre la contratación de Isabel Cajo mediante una adenda solicitada por la expresidencia del Congreso durante la gestión de Alejandro Soto, donde el documento evidencia la participación directa de la alta dirección.
Entre los 20 contratos analizados, Yarrow destacó un caso particular mencionando que «en la adenda dice que se contrate de acuerdo al proveído de presidencia del Congreso», lo que demuestra el conocimiento sobre esta contratación por parte del oficial mayor y el congresista Soto.
El documento oficial consultado por La República confirma que «por disposición expresa y proveído con número 1528031, por Oficialía Mayor, autorizada por la Presidencia del Congreso, se mantiene la condición contractual bajo el servicio específico» para una trabajadora que percibía un salario superior a los 7.000 soles sin título de Bachiller.
El expresidente del Congreso Alejandro Soto respondió a las acusaciones argumentando que el presidente no tiene facultad para autorizar contrataciones y exigió que se muestre algún documento con su firma o rúbrica, mientras desestimó las investigaciones sobre una presunta red de prostitución.
Soto cuestionó la investigación preguntando «¿qué están investigando?, ¿red de prostitución o ilegal contratación de personal?» y agregó que «como puedes apreciar, no existe mi firma ni mi rúbrica» al referirse al sello de Presidencia en el proveído, donde las fuentes señalan que es la primera vez que se identifica un nombre.
El exfuncionario finalizó señalando que Yarrow muestra una adenda y no el contrato original, por lo que cuestiona quién autorizó el ingreso inicial de Isabel Cajo al Congreso de la República, dejando una interrogante sobre la responsabilidad en la contratación irregular.
