La delincuencia transnacional organizada se ha expandido significativamente por gran parte del territorio peruano, especialmente en la Amazonía. Estas organizaciones criminales están involucradas en actividades ilegales como la tala indiscriminada, minería ilegal y extracción ilícita de minerales, desplazando a las comunidades indígenas que protegen el medio ambiente, dijo Yorka Gamarra, especialista en conflictividad social.
En una entrevista con Razón Libre de Pachamama radio, mencionó que la ausencia del Estado en la región amazónica ha permitido que estas organizaciones delictivas tomen el control de vastas áreas. Además de los delitos ambientales, se han registrado casos de trata de personas y narcotráfico, actividades sumamente lucrativas para estos grupos criminales que operan con impunidad en la selva peruana.
El especialista en narcotráfico, Jaime Antezana, ha alertado sobre la creciente influencia de estos grupos en la política nacional. Existe preocupación de que en las próximas elecciones generales estas organizaciones busquen una participación más directa para obtener representación y legislar a favor de sus intereses ilícitos, indicó la también abogada.
La situación se agrava con el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que sitúa al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional entre las diez instituciones más corruptas del país. Este dato genera serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para combatir efectivamente al crimen organizado y proteger a la ciudadanía, declaró.
Ante este panorama, es urgente la participación activa de la sociedad civil en todos los aspectos de la vida política y social del país. La organización y el compromiso de los ciudadanos honestos se presentan como elementos decisivos para contrarrestar la creciente amenaza del crimen organizado en el Perú, indicó.
