Rocío Gómez Paredes, gerente de la empresa prestadora de servicios EPS Seda Juliaca, ha informado que la sentencia que prohíbe a la entidad verter aguas residuales en el río Coata se llevará a cabo según las capacidades de la empresa, y explicó que el problema radica en la falta de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
La obra que estaba a cargo de la empresa Opeti, se encuentra en un estado de paralización y está siendo sometida a arbitraje internacional. El Estado ha decidido que sea una empresa privada la encargada de ejecutar y administrar el proyecto.
La funcionaria está de acuerdo con la sentencia, ya que la contaminación de esta fuente de agua tiene más de 20 años de antigüedad. Sin embargo, aseguró que ya se están implementando varias de las disposiciones del juez Andrés Carita Quispe. Mencionó que se ha comenzado a suministrar agua potable a la cuenca de Coata y se han reducido los niveles de vertido de grasas y sólidos orgánicos.
“Estamos de acuerdo en que la contaminación ha tenido un impacto. Pero también hay un problema social. No tenemos una planta de tratamiento. Nuestra tarea actual es reducir al mínimo los niveles de contaminación. Sin embargo, mientras no tengamos una planta, nos resultará imposible cumplir al 100% con lo que el juez ha ordenado”, afirmó.
Los líderes de la cuenca de Coata advirtieron que sin duda alguna ejecutarán la sentencia judicial después de los 30 días. Además, han pedido garantizar el suministro de agua potable y un adecuado vertido de aguas residuales. Jacinto Ticona Huamán, jefe de la Oficina Defensorial de Puno, ha expresado su apoyo a la decisión judicial, pero ha señalado que esta podría ser impugnada antes de quedar definitiva.
No obstante, ha subrayado la importancia de garantizar agua potable de calidad y una gestión adecuada de las aguas residuales. Además, Ticona ha urgido la implementación de las PTAR y ha instado a otras entidades a cumplir con sus compromisos en el plan de acción para reducir la contaminación en la cuenca Coata.
Ticona también ha destacado que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) debe desempeñar un papel activo en la prestación de servicios de saneamiento de calidad y en la protección del medio ambiente en fuentes de agua utilizadas por la población.
Por otro lado, Percy Casaperalta Calsina, jefe de Salud Pública de la Red de Salud San Román, ha informado que en monitoreos anteriores se han encontrado niveles de arsénico en el cuerpo de los habitantes de la cuenca.