La plaza principal de Huacullani se convirtió este martes en escenario de un inusual acontecimiento cuando el alcalde Tito Apaza Mamani, presionado por autoridades comunales, tenientes gobernadores y diversos dirigentes locales, salió de la municipalidad distrital para enfrentar a la multitud congregada a raíz de acusaciones sobre su conducta personal.
En una tensa reunión multidisciplinaria, Apaza Mamani reconoció haber incurrido en faltas de carácter moral, situación que lo llevó a pedir perdón de rodillas tanto al pueblo de Huacullani como a su esposa, quien presenció la confesión pública del burgomaestre en medio de la plaza principal del distrito.
La esposa del alcalde, en un gesto que sorprendió a los presentes, solicitó a las autoridades que su marido recibiera un castigo físico mediante chicotazos, argumentando que serviría como escarmiento y ejemplo para las futuras generaciones que ocupen cargos públicos en la localidad.
La asamblea procedió a votar sobre medidas disciplinarias, donde el 70% de las autoridades presentes se pronunciaron a favor de una suspensión de 90 días por los actos inmorales confesados, exigiendo además la intervención inmediata de la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción para investigar la gestión municipal.
División en la comunidad refleja crisis
Un 10% de los asistentes mostró su preferencia por una suspensión menos severa de 30 días, mientras otro sector similar respaldó la medida de los 90 días de suspensión, evidenciando la fractura existente entre los representantes comunales respecto al tratamiento que debe darse al caso del alcalde.
El restante 10% de la sociedad civil expresó su desacuerdo con cualquier tipo de suspensión, solicitando la continuidad de Apaza Mamani en sus funciones, lo que demuestra el complejo panorama político que enfrenta el distrito tras las confesiones del burgomaestre.
Fuentes presentes en la asamblea confirmaron que el primer regidor ya ha manifestado su negativa a asumir la encargatura como alcalde en caso se concrete la suspensión temporal de Apaza, alegando que se trata solo de una medida provisional y no de una vacancia definitiva del cargo.
La controversia se intensificó cuando, según testigos, un comunicador social fue impedido de transmitir en vivo la reunión por orden del subprefecto y algunos dirigentes, limitando así el acceso a la información sobre este caso que ha conmocionado a la población de Huacullani y pone en jaque la estabilidad del gobierno local.
