Alcalde de San Miguel alardea de logros ajenos y ejecuta apenas el 17% del presupuesto que tiene a casi medio año del 2026

Municipalidad acumula S/41 millones sin ejecutar y figura entre las menos eficientes; aumento del Foncomun fue logro colectivo de alcaldes ante el Congreso

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 16/05/2026 Modificado: 17/05/2026

Ya estaría en modo campaña, el alcalde de la municipalidad distrital de San Miguel, Cristin Mamani Mamani, se adjudicó en el acto del 68 aniversario del distrito de Cabanillas el incremento del Foncomun del 2 al 4%, un logro que no le corresponde en exclusiva, ya que el mismo fue una disposición del legislativo mediante una Ley.

Sin embargo, los registros del Ministerio de Economía y Finanzas revelan una contradicción de fondo. El alcalde Cristin Mamani administra en el 2026 a casi medio año un PIM de S/49 millones y solo ha ejecutado S/8 millones, es decir, el 17% del total disponible en la gestión.

Ese porcentaje de ejecución coloca a la municipalidad de San Miguel entre las gestiones de menor eficiencia de la provincia de San Román. La cifra evidencia una capacidad operativa muy reducida, a meses del cierre de la administración, en cuyo caso el renunciaría.

Ante ese escenario, la atribución del incremento del Foncomun resulta cuestionable. El logro fue fruto de la movilización de más de 90 alcaldes que viajaron en reiteradas ocasiones a Lima para presionar al Gobierno Central por mayores recursos.

El aumento se aplica de forma escalonada: 0.5% en 2026, 0.5% en 2027, 0.5% en 2028 y 0.5% en 2029, hasta alcanzar el cuatro por ciento. Ese beneficio corresponde al conjunto de municipalidades del país, no a una gestión en particular.

La paradoja es evidente. Una municipalidad que no logra gastar lo que ya tiene difícilmente aprovecharía más recursos. El propio alcalde Mamani Mamani describió el incremento como «el gran recuerdo» que dejarán las autoridades salientes.

A casi medio año del cierre de gestión, la municipalidad de San Miguel acumula S/41 millones sin ejecutar. El patrón de baja ejecución pone en duda la capacidad real de la administración para convertir recursos en obras y servicios concretos para la población.