Rocío Silva Santisteban, directora de DEMUS, considera la ley de amnistía aprobada en primera votación por el Congreso peruano «sumamente general e inconstitucional», pues busca beneficiar a militares y policías involucrados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto interno. Esto contraviene tratados internacionales y consolida la impunidad, según Santisteban.
La propuesta legislativa, aprobada el pasado miércoles 11 de junio con 61 votos, va directamente en contra de las leyes y tratados internacionales. Particularmente, la normativa desafía lo establecido por el Pacto de San José y directrices de la Corte Penal Internacional.
Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía bajo ninguna circunstancia, dado su carácter profundo y grave. Esta postura internacional fundamental se ignora, generando preocupación en organismos de derechos humanos a nivel global.
La ley, contenida en el Proyecto de Ley 7549, concede amnistía humanitaria a personas mayores de 80 años que participaron en la lucha antiterrorista. Sin embargo, su alcance se extiende a quienes están en proceso sin sentencia firme o con condena.
La profesional enfatiza un componente profundamente racista en esta legislación. La ley no considera la situación de las mujeres andinas e indígenas, a quienes se les vulneraron derechos de manera sistemática, mostrando una gran desatención hacia las poblaciones más vulnerables.
Un ejemplo elocuente es el caso de Huanta, que la institución DEMUS lleva. Trece mujeres fueron víctimas de violación sexual en un pueblo de Huancavelica, donde una base militar operó. La justificación de cualquier violación sexual es inaceptable.
La directora de DEMUS aclara que estas leyes no son de aplicación automática, la persona procesada debe solicitar al juez. Sin embargo, el juez posee el «control difuso», lo que le permite rechazar su aplicación. El Tribunal Constitucional ya estableció la inaplicabilidad de amnistías.
La aprobación de esta ley no es un hecho aislado, se inscribe en una secuencia legislativa. Incluye una ley anterior que buscaba declarar prescriptibles casos imprescriptibles, la cual prácticamente no funcionó. Por tanto, esta nueva iniciativa busca una «impunidad eterna».
Los defensores de la ley, como los congresistas Fernando Rospigliosi y Jorge Montoya, la presentan como una medida justa ante supuestos «procesos judiciales interminables». Sin embargo, Rocío Silva Santisteban asegura que esta argumentación es falsa, pues los oficiales que defendieron al país no deben ser perseguidos por crímenes.
Existe una clara conexión entre el poder ejecutivo y el legislativo en este tema. La ley responde a un visible «lobby» de exmilitares dentro del Congreso. El premier Arana incluso propuso la creación de una comisión para estudiar la posible salida de Perú del Pacto de San José.
El Ministerio Público ya emitió una advertencia contundente. La fiscal Delia Espinoza recordó la postura inequívoca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: las leyes de amnistía para crímenes de lesa humanidad son inadmisibles. Perú podría incurrir en un desacato internacional.
Pese a los esfuerzos de la sociedad civil, Rocío Silva Santisteban expresa su temor de que la ley sea finalmente aprobada en la segunda votación. Esta percepción se basa en el aparente empoderamiento del congresista Rospigliosi y la cohesión de las bancadas en la mesa directiva.
