El Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas en Protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte ha decidido extender la investigación preliminar relacionada con la muerte de 18 civiles y más de cien heridos durante las protestas del 9 de enero en Juliaca. Esta ampliación excepcional durará 120 días.
La disposición fiscal n° 05-2023-MP-FN-EFICAVIP imputa cargos a quienes puedan ser responsables de delitos graves contra la vida, el cuerpo y la salud, incluyendo homicidio calificado y lesiones por las heridas. Esta prórroga se considera necesaria debido a las graves violaciones masivas de los derechos humanos ocurridas.
Además, se menciona que las investigaciones se han vuelto complicadas debido al gran número de víctimas (126) y la implicación de presuntos implicados, incluyendo a miembros de la Policía Nacional. El documento también destaca que las investigaciones se han visto obstaculizadas por el hecho de que varios agentes de policía han optado por mantener silencio. Además, algunas de las víctimas muestran desconfianza en las circunstancias en las que fueron heridas.
Durante este período adicional, se tomarán declaraciones de algunas de las víctimas, se recopilarán actas del levantamiento de los cadáveres, se verificará la atención brindada a los heridos y se revisarán sus historias clínicas en el Hospital Carlos Monge Medrano, así como en los centros de salud Jorge Chávez y Mariano Melgar.
César Quispe Calsín, uno de los abogados que asesora a la Asociación de Víctimas del 9 de Enero en Juliaca, ha señalado que los retrasos en las investigaciones se deben a menudo al envío de las carpetas fiscales a Lima.
El abogado Armando Halire mencionó que, en ocasiones, los fiscales del equipo especial llegan a Juliaca sin previo aviso, lo que dificulta que las personas puedan rendir sus declaraciones de manera oportuna, lo que sigue retrasando el proceso.
