La gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de San Román, Maribel Solórzano Mestas, anunció operativos para verificar establecimientos comerciales conducidos por extranjeros venezolanos, colombianos y bolivianos. La medida busca garantizar el cumplimiento de requisitos legales mediante trabajo coordinado con autoridades migratorias en la provincia puneña.
Las autoridades municipales identificaron alta informalidad en negocios manejados por ciudadanos extranjeros, donde “aproximadamente dos barberías eran legales, pero los demás conducidos por extranjeros aparentemente son ilegales”. La Subgerencia de Licencias implementó cronogramas de visitas sistemáticas para regularizar esta situación comercial irregular.
Los extranjeros interesados en establecer negocios deben presentar “cédula vigente” y documentación como pasaporte para obtener licencias de funcionamiento. El proceso incluye declaración jurada, autorización de pago y cumplimiento de requisitos establecidos por la municipalidad provincial para ejercer actividades comerciales formales.
La funcionaria municipal confirmó que se entregan “cartas inductivas” y notificaciones a establecimientos sin licencia, otorgando plazos de “tres a cinco días” para solicitar formalización. Quienes cumplen requisitos reciben licencias de funcionamiento, aplicando el mismo tratamiento tanto para ciudadanos nacionales como extranjeros.
La crisis política boliviana incrementó la llegada de comerciantes bolivianos a mercados de Yunguyo, Chucuito y principales plazas comerciales de San Román. Esta situación motivó la necesidad de coordinar acciones preventivas con autoridades migratorias para regular el ingreso y establecimiento comercial de ciudadanos extranjeros.
Solórzano Mestas anunció reuniones de coordinación con la oficina de Migraciones para “hacer un trabajo en conjunto” y garantizar que ciudadanos bolivianos “ingresen legalmente” al país. El objetivo es facilitar el ejercicio del derecho al trabajo bajo marcos legales establecidos por las autoridades competentes.
La gerenta municipal enfatizó que “si exigimos a nuestros connacionales que cumplan, formalicen su establecimiento comercial, con mayor razón a personas que no son del país”. Esta declaración refuerza la política de igualdad en exigencias legales independientemente de la nacionalidad del comerciante.
