En un contundente pronunciamiento, las autoridades originarias reunidas en el sexto Congreso en la región Puno ratificaron su rechazo al gobierno de Dina Boluarte y a los subprefectos, a quienes consideran representantes de un «gobierno corrupto» que no los representa desde 1532, según afirmó Enrique Saraza.
El evento congregó a líderes quechuas y aymaras del altiplano puneño durante dos días, donde Edgar Chura, del Frente de Defensa Aymara del Sur, manifestó que esta posición se mantiene desde el 7 de diciembre de 2022, calificando su lucha como una «insurgencia democrática» para recuperar el Estado de Derecho.
Los participantes propusieron eliminar los cargos de subprefectos y prefectos regionales, solicitando autonomía para las autoridades originarias como los tenientes gobernadores. Juvenal, uno de los directivos, explicó que los prefectos son considerados «soplones del gobierno» encargados de informar sobre protestas e identificar líderes, vulnerando su derecho a la libre organización.
Durante el congreso también se abordó la defensa de las lenguas originarias, planteando una nueva consulta previa respecto a la escritura, ya que según Juvenal Gil, las consultas anteriores se realizaron «en cuatro paredes» sin participación real de las comunidades, tergiversando las lenguas maternas quechua y aymara.
Las autoridades originarias exigieron respeto al Convenio 169 sobre pueblos indígenas, demandando que jueces y fiscales reconozcan la justicia comunitaria basada en sus estatutos y personería jurídica. Denunciaron que sus derechos están «pisoteados y vulnerados» y reclamaron respeto a sus tierras, territorios y recursos naturales.
Los líderes convocaron a la unidad del «Perú profundo» ante la crisis política actual, denunciando el abandono de la política agraria por parte de las autoridades nacionales, regionales y locales. Afirmaron que «los Andes están en rebelión» y que seguirán en esta «insurgencia democrática» para recuperar el Estado de Derecho en el país.
