El conflicto laboral en la construcción del emblemático colegio Pedro Vilcapaza de Azángaro ha escalado a situaciones de intimidación armada. Miguel Coaquira Hierba, secretario general del sindicato de construcción civil de San Román, reveló que cuatro personas procedentes de Lima estarían actuando como sicarios para silenciar reclamos por despidos arbitrarios y falta de pagos en la obra provincial.
«los obreros denuncian que han sido amedrentados por trabajadores que trajo la empresa China que ejecuta la obra desde Lima con armamento para que no reclamen sus derechos», denunció Coaquira, quien aclaró que estos individuos «no son obreros, son seguridad o sicarios» contratados específicamente para intimidar al comité de obra, según testimonios recibidos desde Azángaro.
La empresa constructora, aparentemente habría implementado esta estrategia de intimidación trayendo «delincuentes» que amenazan a los trabajadores con frases como «no reclames porque si no mira acá está, o te espero afuera», generando un clima de temor que obstaculiza las demandas laborales legítimas en este importante proyecto educativo que actualmente se encuentra paralizado tras un masivo despido de obreros.
El panorama resulta más alentador en las negociaciones con el Gobierno Regional de Puno. «El gobernador Richard Hancco se ha puesto la camiseta de construcción civil», afirmó Coaquira, destacando que se está logrando progresivamente el alineamiento con el salario del régimen especial que beneficiará tanto a trabajadores de las distintas obras.
En contraste, la situación en la Municipalidad Provincial de San Román refleja un «descontento de los obreros» por obras abandonadas. El dirigente sindical señaló que por ejemplo en una última inspección matutina a proyectos de graderías en el cerro Santa Cruz constataron que los trabajadores «no tienen sus implementos de protección personal» y presentan problemas con sus remuneraciones.
El conflicto se intensificó cuando una regidora municipal exigió a los trabajadores compensar un sábado en que participaron de una actividad de confraternidad organizada por el propio municipio. «Dice que ese día no han trabajado, por lo tanto, tienen que pagar esas horas», lamentó Coaquira, quien expresó preocupación adicional por la seguridad del gremio tras la pérdida de 27 dirigentes a nivel nacional.
