El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román–Juliaca dictó nueve meses de prisión preventiva contra los agentes policiales Jhon Bernal, Giancarlo Bobadilla, Micheel Calisaya y el civil Cristian Mamani. Los cuatro son investigados por el presunto delito de robo agravado en agravio de Jorge M. Z. La medida fue adoptada por el magistrado José Enrique Ríos Núñez.
Según la tesis fiscal, los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2026, a las 15:30 horas. Los investigados habrían acudido al domicilio del agraviado, ubicado en la urbanización Santa Adriana de Juliaca. Allí llegaron a bordo de dos vehículos y vestidos con prendas y chalecos policiales.
Los imputados habrían simulado una intervención policial sin contar con orden judicial ni autorización para ingresar. Tras irrumpir por la fuerza, habrían amenazado con armas de fuego al agraviado y a su hijo. Luego los obligaron a entrar al inmueble, según la tesis del Ministerio Público.
En el interior de la vivienda, los investigados habrían trasladado al agraviado a los pisos superiores. Allí le exigieron bajo amenaza una mochila y dinero en efectivo. En el tercer piso habrían registrado una habitación y sustraído 10 mil soles.
Los gritos de auxilio y el llanto de los niños alertaron a los vecinos de la zona. Los residentes rodearon el inmueble e impidieron la fuga de los investigados. Los retuvieron hasta la llegada de las autoridades competentes, que intervinieron de inmediato.
Durante las diligencias, las autoridades hallaron armas de fuego y otros objetos. Estos elementos habrían sido utilizados durante el asalto ocurrido en la vivienda. El Ministerio Público presentó estos hallazgos como parte de los elementos de convicción del caso.
Durante la audiencia, el magistrado José Enrique Ríos Núñez evaluó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público. El juez concluyó que existen graves y fundados elementos que vinculan a los investigados con los hechos. También consideró los argumentos expuestos por las partes procesales.
El juzgado consideró que existe peligro de fuga debido al intento de evasión advertido durante el operativo. Los investigados no cuentan con arraigos suficientes que garanticen su permanencia durante el proceso penal. A ello se suma que la posible pena superaría los 15 años de privación de libertad.
En ese contexto, el juzgado dispuso el internamiento de los cuatro investigados en el establecimiento penitenciario que determine el INPE. La medida se mantendrá mientras continúan las investigaciones del caso. La decisión judicial busca asegurar la presencia de los imputados durante todo el proceso.
