Cinco máquinas de propiedad pública, incluyendo cargadores frontales y volquetes, permanecerían ilegalmente alquiladas a una empresa privada mientras vías y caminos del distrito se deterioran severamente. Buenaventura Choquehuanca, poblador de Kelluyo en la provincia de Chucuito, señaló que el alcalde Juan Huallpa Choque se niega sistemáticamente a responder por el destino de estos equipos adquiridos con fondos estatales.
La comunidad de Kelluyo ha exigido repetidamente transparencia sobre la ubicación y uso de un completo pool de maquinaria pesada municipal que no se encuentra en los talleres municipales desde hace tres años. Durante este prolongado periodo, las carreteras y caminos vecinales de la zona han sufrido un deterioro severo debido a las intensas precipitaciones pluviales, quedando completamente abandonados sin mantenimiento.
Según la denuncia, el parque de maquinaria pesada habría sido alquilado a una empresa vinculada a la construcción de la carretera en Ilave, sin que exista rendición de cuentas sobre estos contratos ni sobre los ingresos generados. El perjuicio para la comunidad resulta evidente en el estado deplorable de la infraestructura vial del distrito fronterizo, situación que ha motivado creciente indignación entre los pobladores.
Entre los equipos presuntamente alquilados se encuentran volquetes, cargadores frontales, motoniveladoras, rodillos y retroexcavadoras que deberían estar disponibles para el mantenimiento de las vías públicas del distrito. «Han sido adquiridos con dinero del Estado y deberían estar en el taller del municipio, pero no están durante tres años», afirmó Choquehuanca en su denuncia pública.
Ante los cuestionamientos, el burgomaestre habría argumentado que los ingresos generados por estos alquileres servirían para adquirir nuevas maquinarias, justificación que los denunciantes califican como inverosímil. Según Choquehuanca, esta explicación constituye «una gran farsa y una gran mentira» pues la adquisición de equipos requiere un procedimiento administrativo formal que incluye la presentación de un perfil de proyecto y la autorización del Ministerio de Economía.
«¿Cómo se va a comprar con simple alquiler? No se puede comprar», cuestionó el denunciante, quien asegura que el alcalde «viene engañando y sorprendiendo a las comunidades campesinas» con explicaciones que no resisten análisis técnico ni legal. La falta de transparencia ha generado desconfianza entre los líderes comunitarios recién elegidos en la zona.
Los representantes de las comunidades afectadas han manifestado su intención de elevar la denuncia ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía Anticorrupción por la presunta malversación de bienes públicos. La ausencia prolongada de la maquinaria coincide con un periodo de deterioro acelerado de la infraestructura vial debido a condiciones climáticas adversas, agravando la situación de aislamiento de varias comunidades.
