El congresista Alejandro Muñante Barrios, miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento, recibió a representantes mineros que demandan la derogación de una norma que penaliza la minería informal. Eduardo Salhuana, congresista de Renovación Popular, expresó su solidaridad con los mineros.
Al respecto, Salhuana, indicó que en enero presentaron un informe señalando la inconstitucionalidad de dicha norma, por tal razón plantean su priorización en la Comisión de Constitución y conversó con Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Control Político, para dejar sin efecto las exclusiones realizadas bajo esta norma.
Paul Apaza Coyla, presidente de la Central Cooperativas Mineras Rinconada y Lunar de Oro de Puno, en representación a los 462 operadores en proceso de formalización. Advirtió sobre el riesgo de quiebra de trapicheros, mineros y la cadena productiva si se aplica esta disposición legal.
Apaza Coyla, cuestionó la persecución de trabajadores mineros, quienes serían investigados por presunto delito de organización criminal, en cuyo caso, manifestó que aún antes de la norma denunció los abusos policiales en Puno contra el transporte de material minero, generando cientos de carpetas fiscales por lavado de activos.
Finalmente, en la reunión se dejó en claro el rechazo de la norma emitida bajo el pretexto de luchar contra el crimen organizado. Exigen la intervención estatal en casos de asesinatos y asaltos, pero no la criminalización indiscriminada de los trabajadores mineros informales.
