El Congreso aprobó la ley que implementa el cuarto tramo de la escala remunerativa para los trabajadores del Poder Judicial, logrando la suspensión del paro nacional. La medida beneficiará a unos 800 a 900 trabajadores en Puno y pone fin a una demanda salarial que se mantenía desde 2019, aunque aún falta la promulgación final por parte del Ejecutivo.
El proyecto fue agendado tras gestiones del sindicato ante la Mesa Directiva del Congreso, con el respaldo de la presidencia del Poder Judicial, quien impulsó la aprobación del proyecto conversando directamente con el presidente de la Mesa Directiva.
«Todos los trabajadores estamos contentos con la actuación de la presidenta del Poder Judicial, quien ha sido una parte de este impulso», declaró Víctor Raúl Carpió, secretario general de Trabajadores del Poder Judicial, celebrando el resultado de la medida de lucha.
Una lucha de siete años por salarios justos
Los trabajadores del Poder Judicial llevan desde 2019 exigiendo el cumplimiento de la escala remunerativa; en 2023 debió aplicarse ya el quinto tramo, pero a mediados de 2026 recién se aprueba el cuarto.
El impacto directo en Puno alcanza entre 800 y 900 trabajadores, incluyendo personal del régimen 728 y personal de base, quienes verán mejorados sus ingresos una vez promulgada la norma.
La Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial del Perú coordinó previamente una reunión con el Presidente de la República, quien comprometió su firma para la autógrafa correspondiente, según informó Carpió.
Pasos pendientes antes de la promulgación definitiva
La ley aprobada aún requiere la firma del Presidente del Congreso y la Mesa Directiva para ser remitida al Ejecutivo, quien emitirá la autógrafa final antes de su publicación en el diario El Peruano.
«Lo único que nos queda es estar tras de la firma de la Mesa Directiva para que este pueda ser remitido al Ejecutivo para la autógrafa correspondiente», afirmó Víctor Raúl Carpió, secretario general de Trabajadores del Poder Judicial.
A nivel nacional, los dirigentes de la Federación continúan coordinando para acelerar el proceso de firma y promulgación, con el objetivo de que la ley entre en vigencia a la brevedad posible.
