La Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y varios exministros por los cincuenta fallecimientos ocurridos durante las protestas. El abogado César Quispe Calsín considera que esta decisión no detiene la búsqueda de justicia porque los delitos de lesa humanidad nunca prescriben.
La votación se realizó este miércoles con doce votos a favor del archivo y diez en contra entre los parlamentarios presentes. Esta decisión paraliza formalmente las investigaciones sobre las muertes registradas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en diversas regiones del país.
La Comisión siguió la recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside Lady Camones de Alianza para el Progreso. Esta instancia sugirió el archivo definitivo después de evaluar todo el expediente presentado por el exfiscal Juan Carlos Villena.
El informe oficial concluyó que no se acreditó una vinculación directa, dolosa o constitutiva de infracción penal contra la mandataria. Esta justificación técnica sirvió como base fundamental para desestimar completamente el caso constitucional presentado.
La decisión también beneficia al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo Arana y al exministro de Defensa Alberto Otárola. Incluye además a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero Fernández.
Los parlamentarios que apoyaron el archivo pertenecen a Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú y Honor y Democracia. Arturo Alegría, César Revilla, Patricia Juárez y Tania Ramírez votaron desde el fujimorismo mientras que Lady Camones y María Acuña lo hicieron desde APP.
La denuncia constitucional original contemplaba los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves contra los funcionarios mencionados. Quispe Calsín explica que una vía investiga a los autores directos del operativo mientras otra apunta a Boluarte y sus colaboradores.
El jurista destaca la existencia de cientos de tomos con centenares de elementos de convicción que constituyen pruebas contundentes del caso. Estos documentos incluyen videos, fotografías, varas encontradas en los cuerpos, protocolos de necropsia, órdenes de operaciones y actas del Consejo de Ministros.
Quispe Calsín considera que el Congreso se hace el ciego ante las evidencias y miente para consolarse con la decisión adoptada. Él califica como una gran mentira la supuesta ausencia de pruebas que justifica el archivo del expediente.
Los delitos de lesa humanidad mantienen su carácter imprescriptible pese a esta decisión parlamentaria que archiva temporalmente el proceso. Quispe Calsín asegura que terminado este gobierno o transcurridos cinco años se les procesará como a cualquier ciudadano común.
El abogado advierte que si la justicia nacional falla se acudirá al sistema interamericano de derechos humanos para obtener reparaciones. Los congresistas que actualmente ocultan pruebas podrían convertirse en cómplices de asesinatos según la legislación internacional vigente.
Quispe Calsín recuerda el caso histórico de Huancho Lima en 1923 donde más de mil hermanos fallecieron en absoluta impunidad. Un equipo especializado de abogados sigue actualmente los casos para evitar que se repita esta situación de injusticia
El mensaje implícito del Congreso sugiere a la población que no habrá justicia y a las fuerzas del orden que pueden matar sin consecuencias. Quispe Calsín compara esta situación con los noventa cuando Fujimori intentó amnistías pero sus colaboradores enfrentaron procesos y condenas posteriores.
Esta no representa la única querella constitucional porque la Fiscal de la Nación ha presentado otras que probablemente tendrán destino similar. Quispe Calsín indica que se deberá juzgar a estos congresistas en el futuro por su posible complicidad en el encubrimiento.
El jurista exhorta a recuperar las instituciones estatales porque considera que han sido tomadas por mafias que ejercen dictadura parlamentaria desde el Congreso. Propone castigar en las urnas a quienes apoyan esta situación o sostienen a la actual mandataria presidencial.
