El Congreso de la República ha presentado un proyecto de ley que busca regular las actividades de las ONG en el país, generando una intensa controversia. Según el presidente de la Asociación Nacional de Centros, Javier Aspur, esta iniciativa tendría un trasfondo autoritario que afecta derechos básicos como la libertad de asociación y expresión.
«Estamos hipercontrolados», asegura el experto, al explicar que los recursos de cooperación internacional son ya fiscalizados rigurosamente por entidades como la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, SUNAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. Aspur sostiene que el discurso que alega falta de supervisión es infundado y persigue otros objetivos.
El proyecto de ley establece como infracción muy grave destinar recursos a actividades declaradas administrativamente o judicialmente como contrarias al orden público, la seguridad ciudadana o la defensa nacional. Sin embargo, Aspur advierte que esta normativa deja espacio para decisiones subjetivas, otorgando a funcionarios amplios poderes para calificar actividades como infracciones sin un debido proceso judicial.
Una herramienta de control político
El especialista resalta que este tipo de medidas se asemejan a las implementadas en regímenes como Venezuela y Nicaragua, donde se busca silenciar voces críticas y limitar la oposición. «Es un paso hacia suprimir toda voz democrática en el país», afirmó, señalando que el activismo político, definido como el derecho a opinar sobre políticas públicas, también podría ser restringido.
Otro aspecto preocupante es la intención de evitar denuncias por corrupción, autoritarismo o violaciones de derechos humanos. Aspur subraya que esta ley busca «bloquear la opinión crítica» de sectores de la sociedad, restringiendo así la transparencia y la fiscalización ciudadana.
Promotores de la normativa
El proyecto de ley fue presentado por parlamentarios de Perú Libre, lo que, según Aspur, podría reflejar intereses políticos específicos. Este tipo de iniciativas se enmarcan dentro de una estrategia más amplia de control institucional, incluyendo modificaciones en el sistema electoral y judicial.
«Hay motivaciones claras detrás de esta ley», aseguró Aspur, sugiriendo que busca vengarse de instituciones y organizaciones que han fiscalizado y denunciado actos de corrupción. En este sentido, remarcó que la normativa pretende debilitar la capacidad de la sociedad civil para ejercer su rol crítico en el país.
Finalmente, el especialista enfatizó la importancia de que la ciudadanía permanezca vigilante ante este tipo de iniciativas. «Lo que está en juego es la democracia misma», concluyó.
