El abogado César Quispe Calsín ha expresado su indignación por lo que considera una degradación de la política en el Congreso de la República, calificándolo como un «burdel» debido a los presuntos actos reñidos contra la ley, la moral y la ética. El abogado afirma que los impuestos de todos los peruanos se están utilizando en estos actos vergonzosos.
Según el abogado, desde el 7 de diciembre se han instalado mafias en el poder ejecutivo mediante un «golpe de estado parlamentario». Quispe señala que el presupuesto del país se está gastando en actos inaceptables, lo que considera increíble y nunca antes visto.
El abogado hace un llamado a la Fiscalía de la Nación para que inicie investigaciones exhaustivas sobre estos hechos, indicando que, aunque los congresistas están protegidos por la inmunidad parlamentaria, esta se acabará cuando termine su régimen. Además, el abogado señala que el Congreso ha aumentado su presupuesto para el próximo año en casi 300 millones de soles, lo que considera una muestra de que quieren «seguir instalando más burdeles».
Quispe también se refiere a las muertes y masacres ocurridas, así como al robo de millones desde el ejecutivo, mencionando el caso de Qali Warma, donde hay niños sufriendo. Ante esta situación, considera que la ciudadanía debería salir a protestar nuevamente de manera organizada.
El abogado propone que el 9 de enero se inicie una huelga nacional indefinida desde Puno, para exigir que se vayan todos los involucrados en estos actos. Sugiere documentar las protestas con videos y fotografías para denunciar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos y enviarlos a la cárcel.
Además, Quispe menciona la existencia de una organización nacional de víctimas que podría liderar estas protestas, y hace un llamado para que se convoquen a nivel nacional. El abogado cree que el pedido principal debería ser que todos los congresistas renuncien y que se convoquen a elecciones inmediatas, que deberían realizarse en los próximos 4 meses según la Constitución.
El abogado también señala que el poder soberano reside en el pueblo, y que los poderes constituidos, como el ejecutivo y legislativo, pueden ser destituidos por el pueblo si no actúan correctamente. Menciona el artículo 46 de la Constitución, que indica que no se debe obediencia a un gobierno usurpador, y hace un llamado a generales y soldados a unirse al pueblo.
Finalmente, el abogado afirma que es necesario adelantar las elecciones para retornar a la democracia, señalando que los peruanos deben empoderarse de sus derechos y no permitir que se sigan cometiendo estos actos.
