El consejero por la provincia de Puno, Alfredo Ucharico, afirmó que no ha encontrado irregularidades en la gestión del gobernador Richard Hancco, una declaración que generó escepticismo en gran parte de la población. Según el antropólogo Aldo Rojas, esta postura responde a un acuerdo político entre los consejeros y el gobernador para proteger la gestión actual y evitar investigaciones que podrían derivar en sanciones legales.
Rojas señaló que existe una evidente colusión entre el gobernador y los consejeros regionales, quienes comparten filiación política con el partido “Somos Perú”. Este vínculo, de conocimiento público, refleja un conflicto de intereses, ya que los consejeros actúan más como protectores de Hancco que como fiscalizadores de su gestión.
Otro indicio de este encubrimiento es la designación de funcionarios sin la formación adecuada para los cargos que ocupan. Rojas destacó que, a pesar de estas irregularidades, los consejeros no han tomado acciones para corregir estas situaciones, lo que evidencia una falta de voluntad para ejercer un control político efectivo.
El antropólogo también mencionó que procesos de licitación cuestionables y presuntas “cuotas” clandestinas han sido ignorados por los consejeros. Estas acciones, que deberían motivar denuncias públicas, han sido pasadas por alto, lo que refuerza la idea de que los consejeros actúan como guardianes de la gestión actual.
Rojas concluyó que la ausencia de denuncias no significa que no existan irregularidades, sino que responde a un cálculo político para proteger intereses comunes. Mientras la ciudadanía no exija una fiscalización real, este comportamiento seguirá siendo la norma en la política regional de Puno.
La situación plantea un desafío para la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, ya que la falta de control político efectivo podría perpetuar prácticas que no benefician a la población. La presión ciudadana se presenta como un factor clave para cambiar esta dinámica.
