El coordinador regional de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados, Félix Suasaca, recordó que en 2021 impulsó la Ley 31189, que establece ayuda para quienes han sufrido por la contaminación ambiental de la minería ilegal. Además, comentó que el decreto supremo 037 especifica que estos ciudadanos deben contar con agua potable en sus viviendas.
Ante la falta de un registro de los afectados por la minería ilegal en Puno, Suasaca solicitó al gobierno regional una reunión de trabajo sobre la implementación de estas normas. Destacó que este encuentro será el primero de su tipo en Perú, con reconocimiento mediante una resolución regional.
Suasaca anunció que convocarán a universidades, colegios profesionales, dirigentes, afectados, instituciones de salud, miembros del concejo regional y alcaldes, buscando un apoyo conjunto. Indicó que esta cita reemplazará a las mesas técnicas y actas anteriores, y que el defensor del pueblo en Puno, Jacinto Ticona, será el mediador.
El objetivo es beneficiar a quienes viven en las cuencas de Coata, Ramis, Suches, Llallimayo, Jatunayllu, Blanco, entre otras, así como en La Rinconada, Sandia y otras zonas contaminadas. Finalmente, informó que convocarán a ONG que han trabajado en temas medioambientales para alcanzar un consenso, subrayando la necesidad de un presupuesto regional para implementar la ley en Puno.
