La crítica situación de emergencia en la provincia de San Román y el centro poblado La Rinconada motivaron la llegada urgente de la presidenta del Poder Judicial Janet Tello Gilardi a Puno, la titular del PJ arribó resguardada por seguridad del estado para encabezar una mesa de trabajo en la Corte Superior de Justicia. El incremento de asaltos, extorsiones y asesinatos exigió esta reunión de emergencia con autoridades judiciales.
San Román enfrenta un alarmante índice criminal que ha convertido a esta provincia en escenario de múltiples actos delictivos violentos. Los habitantes demandan presencia judicial inmediata ante la ola de criminalidad que amenaza su seguridad. La ausencia de órganos jurisdiccionales especializados facilita la impunidad de bandas criminales que operan en la zona con total libertad.
El centro poblado La Rinconada, ubicado en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, atraviesa una situación crítica de gobernabilidad. Los últimos conflictos registrados evidencian la urgente necesidad de presencia judicial en esta zona minera. Las autoridades reconocen que la ausencia del Estado judicial agrava los problemas de seguridad en este territorio de difícil acceso.
La reunión de emergencia en la Sala Plena del Poder Judicial de Puno se realizó en estricta reserva por la gravedad de la situación. Los jueces de la Corte de Justicia presentaron cifras que evidencian el deterioro acelerado de la seguridad regional. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial evaluó estrategias urgentes para enfrentar la criminalidad organizada que azota ambas zonas.
El jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control Puno (ODANC), Percy Lozada Cueva, detalló la propuesta de ampliación de órganos jurisdiccionales. La creación de unidades de flagrancia busca evitar la impunidad de la criminalidad organizada que opera en San Román y La Rinconada. «Esta reunión es determinante para reforzar la seguridad ciudadana a nivel regional», manifestó el funcionario.
La magistrada, Tello Gilardi se negó a declarar ante la prensa tras la reunión de emergencia con autoridades judiciales puneñas. La agenda incluyó el análisis de recursos humanos y logísticos necesarios para implementar los nuevos juzgados de flagrancia. La decisión final sobre esta propuesta dependerá del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en las próximas semanas.
