El antropólogo, Eduardo Ballón alertó sobre la profunda crisis del poder judicial peruano, originada por la histórica captura del sistema. Según explicó, el fujimorismo y el APRA controlaron durante décadas esta institución, debilitando valores democráticos esenciales como la neutralidad y la integridad. Hoy, la situación se refleja en una inaceptable inestabilidad institucional, visible en decisiones judiciales contradictorias.
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Ballón explicó que la captura institucional tiene raíces profundas. El poder judicial fue dominado primero por el APRA y luego por el fujimorismo en los años noventa. Tras la caída de Alberto Fujimori, tres fuerzas políticas distintas lucharon por el control del sistema judicial. El antecedente de la actual Junta Nacional de Justicia fue el Consejo Nacional de la Magistratura.
Según Ballón, los valores fundamentales de cualquier poder judicial democrático desaparecieron por completo. La neutralidad, la integridad institucional y la defensa de libertades individuales «volaron por los aires». Actualmente, la composición de cada sala depende del criterio individual de jueces designados mediante procesos cuestionables, mientras abogados privados eligen estratégicamente dónde presentar sus casos.
Ministerio Público: control político y corrupción institucional
El Ministerio Público, agregó, enfrenta un control aún más evidente que el poder judicial. La designación de Patricia Benavides respondió a acuerdos políticos cuestionables entre distintas fuerzas. Su salida evidenció un cambio en la correlación de poder dentro del sistema de justicia, y el regreso de Tomás Gálvez comprometió aún más la institución, según investigaciones recientes.
La crisis judicial se refleja también en casos cotidianos que afectan directamente a la ciudadanía. Un ejemplo reciente ocurrió en la Panamericana Sur, donde un juez eliminó los peajes, pero la empresa apeló y volvió a cobrarlos. En apenas una semana, se registraron tres decisiones judiciales contradictorias sobre el mismo caso, generando confusión en la población.
«La ciudadanía no entiende qué sucede mientras todo parece normalizarse», señaló Ballón. La falta de coherencia en las decisiones judiciales evidencia el colapso de las instituciones y la ausencia de criterios claros en la administración de justicia.
El antropólogo aseguró que el problema es estructural. «El colapso del sistema judicial refleja una descomposición institucional generalizada», afirmó. Este vacío institucional afecta tanto al poder judicial como al Ministerio Público, comprometiendo su capacidad de actuar con independencia y justicia.
En conclusión, la falta de integridad y coherencia jurídica ha socavado la confianza ciudadana en el sistema de justicia peruano. La crisis no es solo administrativa, sino política, y requiere una reforma profunda para recuperar la credibilidad y la estabilidad institucional.
