La crisis política que atraviesa Perú ha tenido un impacto devastador en diversos sectores económicos y sociales, especialmente en la región de Puno. En ese sentido los profesionales en ingeniería Wilber Cutipa y Alder Quispe, han expresado su posición frente a esta situación realizando un análisis detallado sobre las repercusiones, resaltando la necesidad de un liderazgo técnico y una visión estratégica para superar los desafíos actuales.
En primer lugar, Wilber Cutipa destacó que la región de Puno ha sido históricamente una tierra de grandes intelectuales y políticos. Sin embargo, la corrupción ha degradado su reputación, reduciéndola a «un pueblito más» en el panorama nacional. Esta corrupción ha resultado en la paralización de importantes proyectos de infraestructura, lo que ha frenado el desarrollo de la región, explicó en Democracia Total de Pachamama Radio.
«La región Puno necesita un presidente regional con capacidad técnica para sustentar y ejecutar proyectos que realmente nos saquen del rezago,» afirmó Cutipa. Además, señaló la falta de planes efectivos para enfrentar problemas recurrentes como el friaje y la anemia, que afectan gravemente a la población local.
Entre tanto, Alder Quispe abordó la economía extractiva predominante en Perú, criticando la exportación de minerales sin procesar. «Cada día, 500 contenedores salen rumbo a China con minerales sin procesar, reflejando la falta de una visión económica de producción y generación de valor,» indicó Quispe. Propuso la industrialización local para agregar valor y generar empleo, pero reconoció que esto requiere una reforma política y legal significativa.
Ambos expertos señalaron la corrupción como un obstáculo crucial para el desarrollo. «Las universidades, como la Nacional de Puno, están inmersas en corrupción, afectando la calidad de la educación y la formación del talento humano,» afirmó Quispe. Esta corrupción limita las oportunidades para los jóvenes y perpetúa el subdesarrollo regional.
Quispe también sugirió la reversión de terrenos concesionados que no están siendo explotados a las comunidades campesinas para que formen cooperativas mineras. Sin embargo, reconoció que esto requeriría una modificación sustancial de las leyes existentes. «Es una propuesta que suena bien en teoría, pero necesita una decisión política para modificar las leyes,» explicó.
La organización de marchas y movilizaciones por parte de mineros y otros sectores económicos fue vista como un paso hacia la concientización y la lucha por sus derechos. «En tiempos de crisis es cuando se deben tomar decisiones extraordinarias,» afirmó Quispe, apoyando las movilizaciones como una forma de presionar al gobierno para que escuche las demandas de la población.
