El gobierno de Dina Boluarte ha declarado el estado de emergencia en Juliaca, una decisión que ha generado reacciones diversas. El abogado Iván Trujillo ha calificado esta acción como una «medida desesperada» del gobierno, sugiriendo que podría estar más orientada a contener las protestas sociales programadas para finales de julio que a combatir la delincuencia.
Trujillo señala aparentes inconsistencias en la resolución. Menciona que el jefe policial de Puno, Pedro Ortiz Casaverde, había indicado recientemente que los índices de criminalidad en Juliaca habían disminuido. Sin embargo, el informe citado en la resolución presenta una situación opuesta.
El decreto suspende ciertos derechos fundamentales, incluyendo restricciones a la libertad de tránsito nacional. Trujillo cuestiona la eficacia de esta medida en la lucha contra la inseguridad local y su impacto en el desplazamiento de ciudadanos a otras regiones.
Además, el analista observa que la norma establece una restricción total a la libertad de reunión sin especificar horarios, lo que interpreta como una prohibición de reuniones pacíficas durante las 24 horas del día.
Esta declaratoria de emergencia ha suscitado un debate sobre su necesidad y alcance, así como sobre sus posibles implicaciones para los derechos ciudadanos en Juliaca.
