En una protesta que afecta el sistema de justicia a nivel nacional, los defensores públicos del Ministerio de Justicia iniciaron una paralización de actividades para denunciar la discriminación salarial entre trabajadores que realizan las mismas funciones. Los afectados califican esta situación como inconstitucional y aseguran que es el motivo principal de la huelga.
La medida fue impulsada luego de que el gobierno incumpliera acuerdos previos, firmados en una huelga anterior, que prometían eliminar la brecha salarial entre defensores públicos y personal administrativo. A pesar de desempeñar funciones similares y cumplir los mismos horarios, los defensores públicos siguen percibiendo salarios inferiores.
Otro punto de conflicto es la Resolución 269 de 2024, que impone tres turnos laborales (mañana, noche y madrugada) e incluye jornadas los fines de semana. Los trabajadores denuncian que esta medida se implementó sin la contratación de personal adicional, lo que ha sobrecargado a los defensores y agravado las condiciones laborales.
Los defensores también consideran ilegal la obligación de trabajar en horarios nocturnos o de madrugada sin las condiciones de seguridad adecuadas. Este problema es especialmente grave en casos de crimen organizado, donde la integridad física del defensor público está en riesgo por la falta de protección.
Como resultado de esta paralización, varias audiencias judiciales han sido suspendidas o reprogramadas en todo el país, y los servicios de defensa pública están completamente detenidos, afectando a miles de usuarios que dependen de este servicio para presentar sus escritos y trámites legales.
