A días del inicio del año escolar, Tania Elfride Cáceres Ortega, jefe de la defensoría del pueblo en Puno, reconoció que sus verificaciones hacia centros educativos se limitaron por falta de presupuesto, dejando sin supervisión directa a las provincias de Carabaya y Sandia, que atraviesan una emergencia climática con posibles daños en infraestructura educativa.
Los hallazgos recogidos únicamente en la ciudad de Puno fueron remitidos al Ministerio de Educación como parte de una verificación nacional, sin que la defensoría del pueblo pudiera constatar en campo el estado real de los colegios afectados por la anomalía climática en el interior de la región.
La defensora del pueblo, reconoció la situación: «no contamos con presupuesto para salir fuera, hemos realizado las verificaciones aquí en Puno y los hallazgos han sido informados al Ministerio de Educación».
Derechos estudiantiles sin respaldo territorial
El informe oficial sostiene que todas las instituciones educativas iniciarán labores normalmente, aunque la Defensoría admitió conocer de daños en colegios de Carabaya y Sandia sin contar con un reporte actualizado ni verificación propia.
La brecha presupuestal expone a estudiantes de provincias alejadas a una doble vulnerabilidad: infraestructura dañada por lluvias y ausencia de supervisión institucional que garantice el respeto de sus derechos fundamentales al inicio del año escolar.
Ante denuncias sobre restricciones de apariencia en colegios, la Defensoría solo podrá intervenir si recibe reportes ciudadanos, lo que traslada la carga de la vigilancia institucional a los propios estudiantes y familias afectadas en toda la región.
