La demolición de veredas mal construidas en el proyecto de asfaltado de la Avenida Independencia en Juliaca generó pérdidas económicas calculadas en aproximadamente 100 mil soles, según informó el regidor Salvador Valdivia Cárdenas de la Municipalidad Provincial de San Román. El problema surgió por falta de coordinación entre las municipalidades de San Román y San Miguel durante la ejecución de la obra.
El conflicto se originó cuando el contratista construyó las veredas sin contar con el alineamiento definitivo del terreno, que debía ser proporcionado por la Municipalidad Distrital de San Miguel. «Ya se ha efectuado la demolición» de las estructuras mal ubicadas, confirmó Valdivia Cárdenas.
La obra se ejecuta en terrenos que pertenecen jurisdiccionalmente al distrito de San Miguel, pero el proyecto está a cargo de la Municipalidad Provincial de San Román. Esta división administrativa complicó la coordinación entre ambas entidades municipales. El regidor explicó que «la Municipalidad no podía intervenir directamente porque el terreno está en la jurisdicción de San Miguel».
Los problemas iniciaron cuando existía conocimiento previo sobre la falta de documentación completa del terreno, pero la obra continuó sin resolver estos aspectos técnicos fundamentales. «En el momento en que se inicia esta obra ya se tenía conocimiento de este tema», reconoció el regidor Valdivia Cárdenas durante la entrevista.
El proceso involucró inicialmente un conflicto entre Foncodes y el gobierno regional, situación que ya fue resuelta según las autoridades municipales. Sin embargo, la demora en la entrega del alineamiento completo por parte de San Miguel generó que el contratista trabajara con información incompleta.
Ahora el contratista debe solicitar la liberación definitiva del terreno a San Román, quien trasladará inmediatamente el requerimiento a la Municipalidad de San Miguel. «La Gerencia de Desarrollo Urbano tiene que correr traslado ese requerimiento», explicó Valdivia Cárdenas sobre los pasos administrativos que deben seguirse.
La presión contractual obligó al contratista a continuar los trabajos pese a la falta de documentación completa, situación que ahora genera costos adicionales significativos. El regidor consideró que «han debido actuar inmediatamente las gerencias correspondientes» para evitar esta situación económicamente perjudicial para el proyecto.
Las autoridades municipales deberán evaluar las valorizaciones tanto del contratista como de la gerencia municipal para determinar la forma de resarcir estos gastos adicionales. «Tendrán que ver la forma como resarcir esos gastos», concluyó Valdivia Cárdenas, quien anticipó posibles procesos administrativos por la negligencia de funcionarios en la comunicación oportuna de estos aspectos técnicos.
