Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y Mártires de las Protestas 2022-2023, denunció públicamente la conspiración de Dina Boluarte para extender la ley de amnistía. El dirigente reveló que la presidenta, ministros de Estado y altos mandos policiales planifican junto a congresistas una segunda promulgación para perdonar delitos cometidos durante las protestas.
Samillán advirtió que esta maniobra política busca garantizar impunidad total a los responsables de las muertes ocurridas en 2022 y 2023. La estrategia involucraría directamente a ministros del Interior, Defensa y comandantes que ordenaron la represión violenta contra manifestantes durante el conflicto social que sacudió el país.
El presidente de la asociación exigió una respuesta inmediata de la sociedad peruana para frenar esta segunda ley de amnistía. Samillán consideró fundamental que instituciones democráticas, organizaciones civiles y ciudadanos se movilicen para impedir que se concrete esta extensión del perdón a violadores de derechos humanos.
La denuncia incluye el pedido urgente de intervención internacional, específicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias supranacionales. Samillán argumentó que estos organismos deben actuar para evitar que el Estado peruano consagre definitivamente la impunidad en casos de lesa humanidad recientes.
El dirigente reveló que la presidenta Boluarte mantiene reuniones reservadas con congresistas afines para coordinar los mecanismos legales de esta ampliación. Esta segunda amnistía cubriría específicamente los delitos cometidos por fuerzas del orden durante la represión que dejó más de 70 fallecidos en diversas regiones.
Samillán manifestó que las familias de las víctimas observan con alarma estos movimientos políticos que pretenden blindar definitivamente a los perpetradores. El representante consideró que esta maniobra constituye una burla adicional al dolor de madres, padres y hermanos que perdieron seres queridos durante las protestas.
La asociación anunció que evaluará todas las acciones legales disponibles tanto a nivel nacional como internacional para impedir esta segunda amnistía. Samillán anticipó que presentarán recursos constitucionales, denuncias penales y gestiones diplomáticas para alertar a la comunidad internacional sobre esta grave situación institucional.
El dirigente concluyó que esta conspiración representa el último intento desesperado de Boluarte por escapar de la justicia antes de culminar su mandato.
